El procurador de la Administración, Rigoberto González, envió otras tres opiniones a la Corte Suprema de Justicia, en las que insiste que la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que adopta el contrato con Minera Panamá, S.A., es inconstitucional.
El criterio de González está expuesto en tres escritos en los que emite concepto dentro de las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406, promovidas por Martín Molina, Ernesto Cedeño y un grupo de abogados entre los que están Harry Díaz y Ariel Corbetti, entre otros.
Las tres opiniones fueron emitidas el pasado 9 de noviembre.
Es la cuarta ocasión en la que el procurador González emite concepto en relación a la Ley 406. Antes lo hizo como parte de la demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Ramón Sevillano. Tanto González como el procurador de la Nación, Javier Caraballo, ya advirtieron a la Corte que esa norma riñe varios artículos de la Constitución.
En total, la Corte ha admitido nueve demandas contra la Ley 406.
Como ya ocurrió en la demanda con Sevillano, el procurador González advierte nuevamente, al opinar de las demandas de Molina, Cedeño y el grupo en el que está Corbetti, que la Ley 406 infringe el artículo 200 de la Constitución ya que contiene cláusulas que permiten la apropiación de bienes de la nación por Estados extranjeros.
También señala que el nuevo contrato restringe el espacio aéreo, lo que representa otra burla a la Constitución.
Igualmente, reprocha que no se hizo una debida y amplia consulta ciudadana y que la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo sin realizar un análisis sobre el contrato de concesión. Sobre el Ejecutivo, reprocha que no se convocó a una licitación pública, argumento que ya fue desarrollado por la Corte Suprema cuando emitió el fallo sobre la inconstitucionalidad del Contrato Ley 9 de 1997, que dio origen a la extracción de minerales en Donoso.
Todos estos argumentos se repiten en las cuatro opiniones que, hasta ahora, ha dirigido el procurador González, respecto a la Ley 406.
González calculó que la Corte podría emitir sentencia antes de que termine este año.
