Diputados de la bancada independiente Vamos presentaron este miércoles 15 de octubre −ante la Corte Suprema de Justicia− una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución No. 3126-2025-Leg/PJ, emitida el 23 de septiembre de 2025.
La resolución autoriza al contralor general, Anel Flores, a aplicar medidas cautelares como el secuestro de bienes y la suspensión de salarios, lo que conocedores de la materia han llamado “superpoderes”.
Diputada Janine Prado estimo que el contralor incurriría en un abuso de autoridad ante la posibilidad de ordenar medidas cautelares unilaterales y embargo de salario.
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 15, 2025
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El 30 de septiembre de 2025, la Contraloría General de la República publicó en la Gaceta Oficial un nuevo reglamento que refuerza estas atribuciones. A través de este documento, el contralor puede ordenar secuestros sobre patrimonios y adoptar “cualesquiera otras medidas que sean necesarias para proteger los intereses públicos”, en ejecución de la Ley 351 de 2022, que amplió las facultades del ente fiscalizador.
Normas constitucionales vulneradas
Según la demanda, el nuevo reglamento de la Contraloría vulnera los artículos 280 y 281 de la Constitución, ya que mediante la resolución impugnada, la Contraloría General estableció la potestad de dictar medidas precautorias en casos de supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Entre ellas se incluyen la suspensión de salarios de funcionarios de manejo y el secuestro de bienes de los mismos, ya que excede las facultades conferidas en la carta fundamental.
La demanda plantea que la Constitución, en su artículo 280, otorga a la Contraloría las funciones de fiscalización, examen, fenecimiento de cuentas y presentación de denuncias, pero no de juzgamiento ni de adopción de medidas cautelares de carácter jurisdiccional.
También alegan la violación directa del artículo 281 de la Constitución en el que se establece que será el Tribunal de Cuentas el órgano competente para conocer de reparos y juzgar las cuentas de los funcionarios de manejo, con potestad jurisdiccional para decretar medidas cautelares, como secuestros y retenciones. En consecuencia, la Contraloría −al emitir esta resolución− ha usurpado funciones jurisdiccionales que corresponden al Tribunal de Cuentas.
El recurso presentado por Vamos argumenta que dichas facultades exceden los límites constitucionales de la Contraloría y crean un riesgo de abuso de poder.
La demanda concluye que si bien el contralor tiene la facultad de refrendo y control previo del gasto público y que ello puede significar que puede negar o suspender un pago (incluso salarios, viáticos, jubilaciones, etc.) si considera que no cumple con los requisitos legales o hay irregularidades en el trámite, pero ello no es lo mismo que la aplicación de una medida cautelar de retención de salario a modo de castigo.
El recurso plantea que esta facultad solo puede hacerla un juez o una autoridad disciplinaria con un procedimiento debido y que lo único que puede hacer, el contralor, dentro de sus funciones constitucionales, es negar el refrendo o suspender un pago específico si detecta irregularidades en el proceso de gasto.
Asimismo, alegan que se viola el artículo 32 de la Constitución ya que el contralor no es un juez y por lo tanto no está facultado para interponer medidas de secuestro sobre bienes de los funcionarios públicos implicados en una investigación sobre manejo de fondos públicos
Otro artículo de la Constitución que consideran vulnerado en el 47, que consagra el derecho a la propiedad privada, ya que solo los jueces solo los jueces tienen la facultad de restringir este derecho en los casos de limitantes a la propiedad privada como lo pueden ser retenciones de salarios y secuestros sobre sus bienes.
Esta la segunda demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia contra los superpoderes del contralor, el pasado viernes el abogado Ángel Álvarez interpuso una demanda y una advertencia de inconstitucionalidad contra la citada norma.
La demanda de Álvarez quedó radicada en el despacho del magistrado Carlos Vásquez, por lo que por tratarse de los mismos hechos pueden ser acumuladas y se resuelvan en conjunto.
