Unas 400 personas que enfrentan procesos administrativos y que se encuentran recluidas en los diferentes centros penitenciarios del país están mezcladas con reos de alta peligrosidad, es decir, aquellos que cumplen condenas por delitos de homicidio, robo, secuestro y delitos sexuales.
La mayoría de los privados de libertad por casos administrativos afrontan procesos por faltas relacionadas con el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias.
Estadísticas de la Dirección del Sistema Penitenciario revelan que hasta octubre de 2024 la población penitenciaria era de 24 mil 286 personas, de las cuales unas 6 mil están en la fase final de cumplimiento de sus condenas y podrían acceder a su libertad tras el cumplimiento de algunas condiciones.
De acuerdo con la cifras del Sistema Penitenciario, en estos momentos las cárceles de Panamá registran una sobrepoblación de 9 mil 695 reclusos, y la cárcel con más hacinamiento es el Centro penitenciario La Nueva Joya, que alberga 5 mil 664 internos, de los cuales 3 mil 399 ya tienen una condena y 2 mil 265 están con procesos penales abiertos.
El segundo centro penitenciario con más sobrepoblación es La Joyita, que tiene 4 mil 495 reos, de los cuales 2 mil 27 están condenados y 2 mil 468, aún sus procesos se encuentran en los tribunales de justicia.
En tercer lugar está La Joya, donde están recluidos unas 4 mil 585 personas, 3 mil 159 con condena y mil 426, con procesos pendientes.
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, durante su comparecencia a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional en octubre pasado, expresó que se buscan alternativas para que esos 6 mil privados de libertad que ya han cumplido o están por cumplir sus condenas puedan tener acceso a audiencias de cumplimiento y que puedan terminar sus penas bajo medidas cautelares distintas a la detención preventiva.
Montalvo dijo que es necesario adoptar estrategias para reducir paulatinamente la población penitenciaria y que las cárceles puedan cumplir con su función de resocialización.
En un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo en 2023 se concluyó que debido al hacinamiento que existe en algunas cárceles los internos sufren de enfermedades crónicas y no reciben atención de forma permanente. El informe también detalla que algunos internos presentan afecciones en la piel, dentales e incluso trastornos psiquiátricos, por lo que se hace necesario que en las cárceles haya personal de salud de forma permanente.
La corrupción también es uno de los graves problemas dentro de los centros penitenciarios. Solo en 2023 se abrieron 49 procesos de investigación por temas relacionados con casos de introducción de artículos prohibidos a las cárceles.