La Fiscalía Anticorrupción tiene bajo análisis un total de 72 informes de auditoría relacionados con irregularidades en el manejo de fondos de la denominada descentralización paralela, y en 50 de ellos ha encontrado inconsistencias. A la fecha, dichas investigaciones han permitido la imputación de cargos a 99 personas, las dos últimas este viernes 7 de agosto.
En una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Chiriquí, un juez de garantías imputó cargos por la presunta comisión del delito de peculado al exrepresentante de corregimiento de Chiriquí, Omar Montenegro, y a la extesorera Luzmely Torres por irregularidades en el manejo de fondos asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización entre los años 2019 y 2024.
Tras la imputación, el juez de garantías ordenó la detención provisional de Montenegro, mientras que concedió una medida de reporte periódico a Torres.
Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló la existencia de una serie de irregularidades en los fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización para el Programa de Interés Social (PDIS) asignado a esa junta comunal en el período 2019-2024.
Con la decisión del juez de garantías, se eleva 99 el número de exrepresentantes, representantes, tesoreros, extesoreros y particulares imputados por el escándalo de los fondos de la descentralización.
El PDIS de la Autoridad Nacional de Descentralización comenzó a operar y a transferir recursos en el año 2021, durante la administración de Laurentino Nito Cortizo (2019-2024). El programa, que ha sido denominado descentralización paralela, operó hasta 2024.
En las investigaciones la fiscalía ha encontrado una multiplicidad de situaciones, desde fondos que supuestamente fueron entregados para ayudas sociales, otros que fueron asignados a proyectos comunitarios o para el manejo de las mismas juntas comunales, hasta la contratación o pago de personal sin sustento.
La investigación de la fiscalía ha abarcado juntas comunales y alcaldías de todas las provincias, pero la provincia de Panamá es la que registra los mayores montos de dinero entregado cuya utilización no registra respaldo.
Hubo juntas comunales, como la Belisario Porras, a la que se destinaron hasta $8 millones. Solo en este caso la fiscalía sostiene que el informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló que algunos funcionarios de la junta comunal recibieron 80, 77, 74, 75 y 43 cheques, por montos que iban desde $130 mil, $117 mil, $107 mil y $86 mil, por supuestos servicios prestados a la junta comunal.
Trascendió que algunos de los investigados por estos hechos han buscado un acercamiento con la fiscalía para tratar de llegar a acuerdos de pena y devolver el dinero.
A lo largo de la investigación, la fiscalía también ha encontrado que, en ocasiones, los fondos eran enviados a comunidades que no pertenecían al corregimiento al cual supuestamente estaban destinados, es decir, que no había un control ni supervisión sobre estos recursos.
Datos oficiales de la Autoridad de Descentralización revelan que se detectó la entrega de $320 millones sin algún tipo de sustento a través del PDIS.
Las 334 denuncias presentadas ante el Ministerio Público hasta el 8 de junio pasado, por el presunto mal uso de fondos, involucran a 257 juntas comunales y 37 municipios, y el monto investigado supera los $213 millones.
