Operación Alpes: un juez ordena la detención preventiva de Carlos Mosquera

Mosquera es considerado el presunto cabecilla de una red criminal dedicada al tráfico de drogas en las costas de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas.

Operación Alpes: un juez ordena la detención preventiva de Carlos Mosquera
Esta es una de las casas de descanso allanadas durante la operación Alpes. Cortesía/Ministerio Público

La juez de garantías Tamara Alvarado decretó la detención preventiva para Carlos Mosquera, considerado por la Fiscalía de Drogas como el presunto cabecilla de una red criminal dedicada al tráfico de drogas en las costas de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas.

Esta red fue desmantelada recientemente durante la operación Alpes, en la que se decomisaron casi seis toneladas de drogas.

Fuentes judiciales informaron que, durante la audiencia de este lunes 22 de enero, la juez también concedió una medida de reporte periódico −los días 15 y 30 de cada mes− así como la prohibición de salida del país a Nitizia Pérez Díaz, pareja sentimental de Mosquera, quien reside en el área de Costa del Este, provincia de Panamá.

En la audiencia de este lunes, el tribunal también aplicó la medida de detención provisional a otras 13 personas por los delitos de conspiración para el transporte de drogas. Además, se validaron tres condenas de 72 meses de prisión a través de acuerdos de pena. Con estos tres acuerdos, se eleva a 23 el número de personas condenadas en esta operación.

Operación Alpes: un juez ordena la detención preventiva de Carlos Mosquera
La operación se llevó a cabo durante un año y medio, involucrando labores de seguimiento y vigilancia en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. Cortesía

En este caso, la juez Tamayo imputó cargos a 70 personas por supuesta conspiración para el tráfico de drogas. La Fiscalía de Drogas ha señalado que la red criminal recibía droga procedente de Colombia, la ocultaba y luego la enviaba hacia la frontera con Costa Rica en vehículos con doble fondo.

Ahora, el tribunal entrará esta semana a debatir la legalización de la aprehensión de los bienes inmuebles y autos incautados durante la operación, los cuales están valorados en más de dos millones de dólares.


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