El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales declaró prescrita la acción penal seguida al exministro de Educación Belgis Castro condenado a la pena de 36 meses de prisión por el delito de peculado a través de la instalación de fibra de vidrio en las escuelas oficiales de la provincia de Panamá Oeste.
A través del edicto No.774 del pasado 2 de julio, colgado en la sede del tribunal se informa que la prescripción de la acción penal también alcanza a los procesados Cesar Cordero, Glenis Elizabeth García, Ruth Reyes, Roberto Edwards y Juan Zerna.
El pasado 25 de junio el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a Castro a la pena de 36 meses de prisión por el delito de peculado por la contratación irregular de empresas para la instalación de fibra vidrio, pero en este caso en las escuelas en la provincia de Herrera.
Carlos Carrillo, abogado de Castro, explicó que ha solicitado la prescripción de la acción penal en el resto de los procesos en los que su cliente ha sido condenado o investigado por el tema de la fibra de vidrio, ya que han transcurrido más de 20 años desde el inicio de las investigaciones y ya se ha cumplido el máximo de la pena por el delito de peculado.
Algunas de las condenas a Castro fueron confirmadas por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales y se encuentran en trámite ante la Sala Penal de la Corte por recursos de casación.
La denuncia por las irregularidades en los contratos asignados a empresas para la remoción e instalación de fibra de vidrio en las escuelas públicas se presentó en el año 2009, en aquel momento se estimó que la lesión patrimonial alcanzó los $10 millones.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público planteaba que se habían contratado empresas sin ningún tipo de experiencia para la instalación de la fibra de vidrio y que los trabajos fueron deficientes.
Durante el proceso de instalación de la fibra de vidrio algunas escuelas debieron suspender clases por algunos días, luego que los estudiantes presentaron algunas afectaciones.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción se extendió a planteles educativos de todo el país y requirió de informes de auditoría sobre la ejecución de las obras y analizar la capacidad de cada una de las empresas contratadas por el Meduca.
También se investigaron las empresas a las que se les asignaron los contratos para la remoción e instalación de la fibra de vidrio en las escuelas oficiales.
