A lo largo de los últimos años, diversas universidades en Panamá han desempeñado un papel central en la formación de abogados, participando activamente en procesos clave como exámenes de barra, pruebas de idoneidad y otros cursos relacionados con la profesión jurídica.
Un análisis de datos del Instituto Superior de la Judicatura del Órgano Judicial —recopilados entre 2009 y 2024— revela cuáles son las casas de estudio con mayor número de graduados de abogacía que se están presentando a obtener la idoneidad profesional, un indicador de su influencia en la educación superior y en la formación de juristas en el país.
Según el informe, la Universidad de Panamá (UP) encabeza la lista con 5,235 participaciones acumuladas en estos procesos, seguida por la Universidad ISAE, con 4,630.
En tercer lugar se ubica la Universidad Latina de Panamá, con 1,919 inscritos, seguida por la Universidad Santa María La Antigua (USMA), con 1,573. La lista continúa con la Universidad Americana (UAM) y la Universidad del Istmo (UDI), que registran 1,138 y 1,079 participantes, respectivamente.
Otras universidades con presencia destacada son la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), con 971 inscritos; la Universidad Interamericana de Panamá, con más de 550; y la Laureate International Universities (Ulacit), con 455.
También se registran cifras significativas en instituciones emergentes como la Universidad Metropolitana de Educación, la Universidad Panamericana (UPAM), Columbus University y la Universidad La Paz.
En total, 23 universidades y centros de educación superior forman parte de este registro histórico, evidenciando la pluralidad y competitividad de la educación jurídica en Panamá.
El origen de la idoneidad para abogados
De acuerdo con una fuente del Instituto Superior de la Judicatura, la iniciativa de evaluar a los graduados de Derecho con un examen surgió durante la presidencia del magistrado Harley James Mitchell en la Corte Suprema de Justicia. Mitchell impulsó la creación de un curso de ética obligatoria, con charlas preparatorias que buscaban no solo evaluar conocimientos, sino también reforzar los principios éticos de la profesión.
En un inicio, quienes no asistían al curso no podían solicitar la idoneidad. Con el tiempo, el programa evolucionó y se incorporó un examen ético como requisito final.
Historia de la formación jurídica
Históricamente, la formación jurídica en Panamá comenzó en 1931 con la Escuela Libre de Derecho, que fue reemplazada en 1935 por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. En 1941, la Ley 54 estableció que solo los panameños podían ejercer la abogacía y que la Corte Suprema otorgaría la idoneidad profesional.
La primera universidad privada con Facultad de Derecho, la Universidad Santa María La Antigua, nació en 1964. No obstante, el aumento de la oferta académica y el crecimiento del número de graduados en el país llevó al Colegio Nacional de Abogados a exigir un nuevo requisito: el examen de barra, establecido finalmente por la Ley 350 del 21 de diciembre de 2022.
Del curso de ética al examen integral
Lo que comenzó como una capacitación ética fue ampliándose con contenidos prácticos esenciales, como facturación, conocimiento del cliente, cumplimiento de normas contra el blanqueo de capitales y obligaciones tributarias.
Con la Ley 350, aprobar un curso y un examen profesional se convirtió en una obligación legal, bajo la supervisión de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema y la Escuela Judicial.
El nivel de exigencia es alto: en 2023, uno de los primeros exámenes tuvo solo 9 aprobados de 100 aspirantes. Esto motivó ajustes en el programa, dando origen al Acuerdo 1648-2023 del 23 de octubre de ese año, que estructuró un plan de formación más sólido.
Leer aquí el acuerdo:
Cómo es el examen de idoneidad hoy
El temario actual abarca tres áreas principales:
Conocimientos éticos (incluye redacción de poderes y escritos).
Conocimientos prácticos (civiles, penales, de familia, laborales, constitucionales).
Complementarios como arbitraje, mediación, justicia de paz y metodología de la investigación.
El curso dura dos meses (150 horas) y se desarrolla con:
8 horas presenciales (lunes por la noche).
32 horas virtuales sincrónicas.
120 horas de estudio en línea.
Al final, el aspirante dispone de dos semanas para prepararse antes del examen, que puede repetirse hasta tres veces.
Más que un requisito legal
La fuente consultada enfatizó que el objetivo va más allá de certificar conocimientos: se busca formar abogados con pensamiento crítico, ética sólida y compromiso con la justicia.
“Lo hacemos con muchísimo amor porque amamos la profesión y queremos entregarle al país abogados preparados para respetar los derechos de sus clientes y servir a la justicia como el ciudadano espera”, expresó la fuente.
Más allá de las cifras y los porcentajes, el mapa actual de la formación jurídica en Panamá revela un mensaje claro: el título universitario ya no es garantía de ejercicio profesional.
La verdadera barrera está en la idoneidad, un filtro que no todos logran cruzar y que redefine a un abogado en el país. El reto para las universidades ya no es solo llenar aulas, sino formar juristas capaces de superar el examen y defender con excelencia el Estado de derecho.
