La Corte Suprema de Justicia no admitió cuatro demandas de inconstitucionalidad y dos amparos de garantías constitucionales contra normas que regulan los ascensos dentro de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Bajo la ponencia del magistrado Juan Francisco Castillo (suplente de la magistrada María Eugenia López), la Corte no admitió una demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Ejecutivo No. 899 del 2 de diciembre de 2020, que introdujo modificaciones al sistema de ascensos dentro de los estamentos de seguridad del Estado.
A través del edicto 1543, la Corte no admitió la demanda presentada por la abogada Zulay Rodríguez, en representación de Rudelcindo Cipriano López, contra el nuevo reglamento de ascensos, en el que se establecen requerimientos adicionales para ascender de rango a los miembros de la Policía, el Senan y Senafront.
La Corte tampoco admitió una segunda demanda de inconstitucionalidad presentada por Rodríguez, en representación de Eduardo Caballero Estribí, contra los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo No. 30 de enero de 2025, que adiciona un parágrafo al artículo 11 del Decreto Ejecutivo No. 899 de 2 de diciembre de 2020.
Este parágrafo extiende el ciclo para la presentación de los documentos y evaluación de los aspirantes a los ascensos.
Tampoco fueron admitidas otras dos demandas de inconstitucionalidad presentadas por Rodríguez contra el mismo decreto No.899 de 2 de diciembre de 2020, pero en esta ocasión en representación de Felipe Castillo Pino y de Raitza Marisol Grant.
Asimismo, la máxima corporación de justicia no admitió otros dos amparos de garantías constitucionales interpuestos por Rodríguez, ambos contra la orden general del día del 30 de enero de 2025, expedida por la Policía Nacional, que ordena una serie de ascensos dentro del escalafón policial, en representación de Estarlín Buenaventura Mendoza y Bienvenido Mendoza Cruz.
El pasado 21 de enero un grupo de 400 unidades de la Policía, Senafront y el Senan acudieron a la Defensoría del Pueblo a denunciar irregularidades en el proceso de ascensos de los estamentos de seguridad.
En esa ocasión el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, decidió abrir una investigación relacionada con las supuestas irregularidades ocurridas en los últimos ascensos realizados en los estamentos de seguridad.
Tras esto algunos de los afectados decidieron recurrir a la Sala Tercera Contencioso Administrativa y a la Corte Suprema de Justicia para que se reconocieran sus reclamos, pero la mayor parte de los recursos ha sido rechazada por esta corporación de justicia.
En este momento, la Sala Tercera de la Corte mantiene en trámite unas 30 demandas de nulidad contra los decretos de ascensos ordenados por la Policía y otros estamentos de seguridad en los últimos meses de los años 2024 y 2025.
