El Tribunal Superior de Apelaciones ordenó que César Caicedo, detenido como presunto líder de un grupo dedicado al tráfico de drogas desmantelado en la operación Nodriza, sea evaluado por médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) para determinar si puede permanecer en prisión.
En una audiencia que se inició a las 3:40 p.m. y concluyó a las 8:00 p.m. de ayer viernes, los magistrados Donají Arosemena, José Félix Sánchez y Gustavo Degracia confirmaron la medida de detención provisional aplicada a Caicedo y ordenaron que el Imelcf evalúe su situación de salud, luego de que sus abogados revelaron que su estado de salud requiere de cuidados médicos permanentes por padecer varias afecciones.
Un juez de garantías había determinado el traslado de Caicedo al Hospital San Fernando por un período de 30 días y que luego debía ingresar a un centro penitenciario, pero sus abogados alegan que está convaleciente de una cirugía de apendicitis y que mantiene otras afecciones que no pueden ser atendidas en prisión.
Mientras que el fiscal de drogas William Granados aseguró que Caicedo puede ser atendido en prisión, ya que las evaluaciones de salud que se le realizaron indican que no mantiene ningún padecimiento grave.
Granados estableció que la investigación de la Fiscalía reveló que Caicedo es parte de una estructura criminal en la que participan varios de sus parientes, dedicada a recibir cargamentos de drogas procedentes de Colombia.
El pasado de agosto, la juez de garantías Sandra Castillo extendió por un mes la medida de depósito hospitalario a César Caicedo y ordenó su traslado a la Clínica San Fernando para que recibiera tratamiento médico especializado.
Castillo también dispuso que las visitas a Caicedo quedaran limitadas exclusivamente a su hijo y a sus abogados, principal y sustituto, en un horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Asimismo, prohibió estrictamente el ingreso de teléfonos celulares.
Según la Fiscalía, el grupo supuestamente liderado por Caicedo utilizaba embarcaciones para introducir drogas al país, que posteriormente eran ocultadas en residencias del distrito de Arraiján, Panamá Oeste. Luego, los estupefacientes eran introducidos en vehículos modificados para, posteriormente, ser sacados del país.
Por este caso, un juez de garantías imputó cargos a otras cinco personas, a quienes la Fiscalía señala como integrantes de una estructura criminal que utilizaba las costas de Panamá Oeste para el tráfico de drogas.
