Tras la derrota electoral que sufrió Zulay Rodríguez en las elecciones del pasado 5 de mayo, el proceso penal que se le sigue por el caso de los lingotes de oro, sería transferido a la justicia ordinaria.
Por su condición de diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la Corte Suprema de Justicia actualmente la investiga por la supuesta apropiación de un lote de láminas de oro.
La Corte intentó en cuatro ocasiones imputarle cargos a Rodríguez por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, estafa, asociación ilícita para delinquir, y prevaricato, pero no asistió a ninguna de ellas.
En aquel momento, Rodríguez alegó haber renunciado a su curul como diputada del PRD, pero la Corte nunca recibió una confirmación oficial de la Comisión de Credenciales, presidida por el diputado Raúl Pineda, respecto de dicha renuncia.
Durante las audiencias programadas para los días 29 de febrero, 9 de marzo, 15 de marzo y 3 de abril, solo compareció su abogado Ángel Álvarez, quien presentó una recusación contra la magistrada Ariadne García, en funciones de juez de garantías, y dos amparos de garantías constitucionales alegando violaciones al debido proceso.
A partir del próximo 1 de julio, fecha en que el nuevo presidente de la República asume el mando y se instala una nueva Asamblea Nacional, el expediente de Rodríguez será agregado al que sigue el Ministerio Público contra su esposo Álvaro Testa y Rafael Araúz, quienes figuran en la denuncia presentada por el caso.
En diciembre de 2023, el Primer Tribunal Superior de Justicia dio luz verde a la Fiscalía Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico para llevar a cabo un informe de trazabilidad de los fondos que no tengan justificación de Testa y Araúz.
La investigación contra Rodríguez, Testa y Araúz se inició tras la denuncia de Juan David Penagos y su madre, Diana Clemencia Ríos Cardona. Alegaron que José Luis Penagos, padre de Juan David y esposo de Diana Ríos, fue detenido en 2009 en el Aeropuerto de Tocumen por llevar 68 kilos de láminas de oro, y que en 2013 Penagos contrató a Rodríguez para que lo defendiera, pero que esta se apropió del oro.
El pasado 3 de abril, la magistrada Ariadne García, juez de garantías del caso, no admitió un acuerdo extrajudicial pactado con la familia de Penagos. La magistrada juez explicó que la investigación se encuentra en una fase preliminar y que todavía no se ha completado siquiera la fase de imputación.
Rodríguez compitió por la presidencia de la República y para reelegirse en la Asamblea Nacional a través de la libre postulación, pero no tuvo éxito. Tampoco ganó la Alcaldía de San Miguelito, cargo al que fue postulada por el partido Realizando Metas, el colectivo que fundó el expresidente Ricardo Martinelli.
Sin embargo, anunció que seguirá peleando por la vía legal para retener la curul por el circuito 8-2.
