La defensa de los imputados Ale Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar negó que sus clientes hayan solicitado ser enviados a un pabellón controlado por pandilleros de la cárcel Nueva Esperanza, tal como aseguró el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.
Inicialmente se conoció que Lee, Lynch y Salazar fueron enviados a una prisión en Coiba, ubicada en una base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), por motivos de seguridad. Sin embargo, Ábrego y el propio presidente José Raúl Mulino han sugerido una posible vinculación con pandillas de Colón.
Marco Antonio Valdés, uno de los abogados de Lee, dijo desconocer esa información. Señaló que le “extrañan” las declaraciones de Ábrego y aseguró que en ningún momento existió una petición en ese sentido.
Explicó que Lee, Salazar y Lynch se encontraban en un sector de la cárcel Nueva Esperanza conocido como la “clínica” y que allí hay privados de libertad que no están relacionados con pandillas.
Valdés dijo desconocer de dónde surgió esa información y señaló que los tres detenidos se encuentran a la espera de que se resuelva un recurso de habeas corpus presentado ante el Órgano Judicial.
También dijo haber solicitado una audiencia de afectación de derechos fundamentales de los tres procesados, ya que ninguno de ellos ha sido condenado, a diferencia del resto de los reos que se encuentran en Coiba.
Además, detalló que en la isla de Coiba solo hay internos condenados por delitos de pandillerismo, tráfico de drogas y homicidio, mientras que Salazar, Lee y Lynch están imputados por delitos contra la administración pública y no tienen condena.
En el programa Debate Abierto, transmitido el pasado domingo por Telemetro Canal 13, Ábrego expresó que Lee, Salazar y Lynch solicitaron ser trasladados a un sector de la cárcel Nueva Esperanza donde se ubica una de las pandillas más poderosas de la provincia de Colón.
El ministro de Seguridad puntualizó que los tres habían recibido algún tipo de amenaza y que, ante ese escenario, se decidió trasladarlos a la cárcel del Senan ubicada en Coiba.
Ábrego reconoció que en Coiba se mantienen detenidas 29 personas consideradas cabecillas de las principales pandillas que operan en el país y que su traslado a esa cárcel obedece a que en la isla no existe señal telefónica ni hay población, con lo que se busca reducir la posibilidad de que impartan órdenes a los miembros de sus organizaciones.
Según Ábrego, el objetivo es eliminar la comunicación entre los líderes de las pandillas y evitar que sigan controlando sus actividades desde la cárcel.
No obstante, indicó que a los reos se les permite comunicarse de manera digital con sus abogados y familiares.
Lee, Lynch y Salazar se encuentran bajo investigación por el presunto manejo irregular de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
El exalcalde Lee fue imputado por el delito de peculado por hechos relacionados con su gestión como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur, en la provincia de Colón.
La fiscalía atribuye a Lee el presunto manejo irregular de fondos asignados por la AND para la ejecución de programas de interés social, por un monto de $1 millón.
Mientras tanto, Lynch y Salazar también son procesados por el presunto manejo irregular de $6 millones provenientes de fondos de la descentralización y destinados a obras sociales.
