El Pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales contra la orden de indagatoria que emitió el Ministerio Público contra Ali Zaki Hage Jalil, procesado por su presunta participación en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas. La aeronave explotó el 19 de julio de 1994, poco después de despegar de Colón rumbo a la ciudad de Panamá. Murieron las 21 personas que iban a bordo.
El fallo, que lleva la firma del magistrado Carlos Vásquez, señala que la defensa pretende que el Pleno actúe como una tercera instancia para revisar la decisión de la fiscal Geomara Guerra, quien ordenó la indagatoria el 19 de diciembre de 2022.
El abogado José Acevedo, defensor de Hage Jalil, alegó que, cuando se emitió la orden, habían transcurrido 28 años desde la explosión y que la acción penal ya había prescrito. También sostuvo que a su cliente se le atribuyen delitos que no estaban tipificados cuando ocurrió la explosión.
El fallo señala que tanto el juzgado de primera instancia como el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ya habían examinado esos argumentos. El Pleno sostuvo que el amparo no podía utilizarse como una tercera instancia para revisar lo decidido por ambos tribunales.
La Corte también consideró extemporánea la acción. Según el fallo, la orden de indagatoria con la que se reabrió la investigación se dictó en diciembre de 2022, pero la defensa presentó el amparo el 17 de julio de 2026.
El artículo 2615 del Código Judicial permite interponer un amparo contra órdenes de hacer o de no hacer que vulneren derechos y garantías fundamentales, cuando la gravedad y la inminencia del daño requieran su revocación inmediata. Para evaluar esa inmediatez, la jurisprudencia de la Corte utiliza como referencia un plazo de tres meses, que admite excepciones.
Corte Suprema de Justicia.
Se observa que la demanda en estudio, carece del elemento de urgencia, es decir, de la gravedad e inminencia del daño que pudiera representar y que conllevaría una revocación inmediata de acto impugnado".
Hage Jalil fue localizado en la isla de Margarita, donde residía desde hacía años, y detenido el 6 de noviembre de 2025. El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, señaló que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) colaboró con las autoridades panameñas en la investigación.
Venezuela autorizó la entrega de Hage Jalil, quien llegó extraditado a Panamá el 20 de abril de 2026. El 27 de abril compareció ante la Fiscalía Superior de Descarga para la diligencia de indagatoria y se acogió a su derecho a no declarar.
El 2 de junio de 2026, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales declaró el proceso causa compleja y concedió al Ministerio Público un año adicional para concluir la investigación. El expediente se sigue contra tres personas por la presunta comisión de los delitos de homicidio doloso y contra los medios de transporte y comunicación. La Sala Penal de la Corte confirmó la calificación de causa compleja mediante una resolución del 7 de agosto de 2026.
