El diputado Luis Eduardo Camacho no aportó nuevos argumentos en el “informe de minoría” que presentó con el propósito de que el pleno legislativo rescate el proyecto de ley de amnistía política, aunque citó dos “precedentes” que, según él, concedieron el perdón “por delitos sumamente graves, como el homicidio doloso”.
El proyecto 235, que ya fue rechazado en primer debate por la comisión legislativa de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales -que Camacho preside-, favorecería a los condenados por blanqueo de capitales en el caso New Business y a los imputados por ese mismo delito en los casos Blue Apple y Odebrecht, lo que incluye a los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
Camacho es vocero y amigo de Martinelli, y milita en Realizando Metas (RM), partido que fundó el expresidente, quien permanece en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el 7 de febrero de 2024, a fin de evadir la condena de 128 meses de prisión por blanqueo en el caso New Business.
Uno de los “precedentes” que citó Camacho en su informe de minoría es la Ley 4 del 7 de febrero de 1952, que concedió amnistía a Arnulfo Arias Madrid y a otras personas investigadas por homicidio y lesiones, con motivo de los “sucesos” ocurridos en la Presidencia de la República entre el 7 y el 10 de mayo de 1951. Dichos acontecimientos derivaron en el derrocamiento de Arias —entonces presidente de la República— por parte de la Guardia Nacional. Los otros procesados por estos hechos fueron Roberto Anguizola Jr., Francisco José Linares, Juan de Dios Poveda, Eduardo Joaquín Yeros y Guillermo Rodríguez, entre otros mencionados en el expediente. Todos fueron amnistiados.
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— La Prensa Panamá (@prensacom) April 15, 2025
Tras el rechazo por la Comisión de Gobierno del proyecto de amnistía que beneficiaría a Martinelli y Varela, el diputado Camacho señaló que llevaría el informe al pleno.https://t.co/EPsGLddbnz pic.twitter.com/Cj3PdxxR7s
La Ley 4 de 1952 también benefició a varios sindicados por las protestas y disturbios provocados por la derogación de la Constitución de 1946, así como a los investigados por el supuesto atentado contra el expresidente Ricardo Adolfo de la Guardia (1899-1969), entre otros casos.
Camacho también mencionó en su informe a la Ley 70 del 18 de octubre de 1960, que concedió amnistía general a las personas implicadas, denunciadas o acusadas en relación con los hechos ocurridos el 18 de febrero de 1959, cuando un grupo de manifestantes protestó frente al Palacio Municipal, en San Felipe, para exigir la renuncia de 15 miembros del Consejo Municipal del distrito de Panamá.
Para Camacho, estos son ejemplos de que “la amnistía se sustenta en conceptualizaciones no rígidas, sino en circunstancias histórico-jurídicas y sociales que la Asamblea Nacional analiza en el ejercicio de su derecho constitucional”.
El vocero de Martinelli anotó argumentos que ya ha repetido desde que el proyecto de ley fue presentado, el 9 de abril pasado: que entre julio de 2015 y junio de 2019, la entonces procuradora de la Nación, Kenia Porcell, autorizó investigaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), que está adscrito a la Presidencia de la República. Acusa a Porcell de conducir investigaciones “amañadas”, por instrucciones del entonces presidente Varela. Porcell nunca ha sido investigada o procesada por hechos como los que menciona Camacho. Tampoco fue “cesada” del cargo, como sostiene el diputado, sino que renunció en diciembre de 2019, cuando se filtraron los mensajes de WhatsApp que Varela intercambió con varias personas, incluyéndola a ella.
Pero a Camacho, aparentemente, le da igual estas imprecisiones y asegura que son prueba inequívoca de que lo ocurrido en aquella época (en la que se inició la instrucción de los expedientes de New Business, Blue Apple y Odebrecht) fue una “dictadura judicial”. El proyecto 235 acabará con eso, prometió.
El diputado de RM insiste en que en Panamá no existe una definición legal de “delito político”, aunque ese argumento ya fue refutado el pasado 15 de abril, durante la discusión y el rechazo, en primer debate, del proyecto de ley 235 sobre amnistía política, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
Ese día, el diputado Roberto Zúñiga respondió que los delitos políticos son aquellos que atentan contra la seguridad jurídica del Estado, la democracia y los poderes constituidos legalmente.
“Es quien quiere tumbar a un gobierno... Y así ha sido contemplado en la jurisprudencia panameña a lo largo de los años”, remarcó Zúñiga.
Camacho y Zúñiga son miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (AN). Camacho además es uno de los diputados que apoyó con su firma al proponente del proyecto, el diputado Jairo Salazar, del PRD. Él y Ariel Vallarino, también de RM, fueron los únicos que votaron a favor del proyecto 235. En contra se manifestaron Zúñiga, José Pérez Barboni y Manuel Cheng, así como Marta Sandoya y Ana María Poveda, suplentes de Crispiano Adames y Didiano Pinilla,
Si el pleno legislativo acoge el informe de minoría de Camacho, podría ignorar la decisión de la Comisión de Gobierno y aprobar el proyecto 235 en primer debate. Para ello solo se necesita una mayoría simple de diputados.
Martinelli, además de la condena de New Business, está llamado a juicio por las coimas de Odebrech, al igual que Varela. El juicio se celebrará en noviembre.
Los dos hijos mayores de Martinelli -Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares- también serán enjuiciados por el caso Odebrecht, aunque la causa de ellos se dirime ante la Corte Suprema de Justicia, dado que ambos son diputados suplentes del Parlamento Centromericano (Parlacen); Ricardo Martinelli Linares también es suplente del diputado de la AN, Tomás Benavides.
El de Salazar es el segundo intento para que la Asamblea pueda otorgar amnistía política por delitos comunes. Antes estaba un proyecto de ley que presentó el propio Camacho, pero que no prosperó y que fue repudiado hasta por el presidente José Raúl Mulino.
