La Corte Suprema de Justicia tiene previsto celebrar el próximo jueves 24 el juicio a la diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Giselle Burillo, investigada por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).
En este caso, que se ventila bajo las normas del sistema inquisitivo, tiene como sustanciador al magistrado Juan Francisco Castillo, suplente de la magistrada María Eugenia López, mientras que el magistrado Carlos Vásquez Reyes actuará como fiscal de la causa.
La investigación contra Burillo, inicialmente adelantada por la Fiscalía Anticorrupción y relacionada con irregularidades en el manejo de contratos cuando fungía como directora de Ampyme (2009-2014), fue remitida a la Corte Suprema de Justicia luego de ser electa diputada del Parlacen en las elecciones de mayo de 2024 por el partido Realizando Metas.
Este caso se relaciona con el fraccionamiento de contratos. A la exfuncionaria se le atribuye haber gestionado contrataciones por un monto de 21.6 millones de dólares. Las licitaciones estaban vinculadas a contrataciones técnicas y capacitación empresarial dirigidas a personas interesadas en desarrollar pequeñas y microempresas.
A Burillo se le concedió un sobreseimiento provisional, pero luego se decidió continuar con la investigación, por lo que ahora se ha fijado una fecha de juicio para debatir los hechos expuestos durante el proceso.
Tras su salida de Ampyme, Burillo enfrentó varios procesos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Entre ellos, uno relacionado con el fraccionamiento de contratos; otro, por irregularidades en el alquiler de vehículos de esa entidad; así como una investigación por el uso de funcionarios de la institución en actividades de carácter político durante horas laborales.
En junio de 2020, tres exfuncionarios de la Ampyme fueron condenados a 36 meses de prisión por el delito de peculado, a raíz de irregularidades en la celebración de 38 contratos menores con la sociedad Grupo Orme, S.A., para el servicio de transporte de plantas móviles en el país. Se concluyó que hubo inconsistencias e irregularidades que ocasionaron una lesión al Estado por 91,913 dólares.
Otros miembros del partido Realizando Metas también enfrentan procesos ante la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales. Entre ellos, el exministro de Obras Públicas Jaime Ford; los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares; Alma Cortés; y David Ochy, actualmente detenido en Costa Rica, en espera de un proceso de extradición solicitado por Panamá.
