El exdirector del Instituto para el Fomento y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, seguirá en prisión, luego de que el juez de garantías Manuel Lezcano negara una solicitud de cambio de la medida cautelar.
Lezcano argumentó que, en este caso, la defensa de Meneses no aportó elementos nuevos que permitieran modificar la medida de detención provisional que le fue impuesta el pasado 8 de julio por la jueza de garantías Marisol Ortega.
Al mismo tiempo, el juez Lezcano recalcó que Meneses está imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, una conducta grave cometida en el ejercicio de funciones públicas, que pudo afectar fondos del Estado destinados a programas sociales.
Durante el desarrollo de la audiencia, el juez cuestionó tanto al abogado Ángel Álvarez, defensor de Meneses, como a la fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa, por no suministrarle de manera adecuada los elementos de convicción necesarios para evaluar la situación procesal del imputado.
En ese sentido, la fiscal Aizpurúa señaló que el informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República es claro al establecer que Meneses obtuvo un enriquecimiento injustificado por la suma de 419 mil 331 dólares.
Aizpurúa agregó que Meneses tampoco acudió, en el momento oportuno, a la Contraloría para justificar el excedente de fondos obtenidos al concluir su gestión como director del Ifarhu.
La fiscal también relató que, al inicio de las investigaciones, Meneses retiró de sus cuentas la suma de 71 mil dólares, monto que aún no ha podido ser ubicado. Indicó, además, que Meneses comisionó a su hermana para que acudiera a una empresa telefónica con el fin de reponer una tarjeta SIM de uno de los teléfonos que le fueron incautados durante el allanamiento a su residencia, acción que —según la Fiscalía— evidencia la intención de alterar pruebas.
Meneses estuvo conectado vía internet desde el Centro Penitenciario La Nueva Joya, donde permanece detenido.
Al exdirector del Ifarhu también se le siguen procesos por la presunta comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la línea de investigación en el caso de peculado se centra en la presunta entrega de auxilios económicos a personas con alta solvencia económica y, en otros casos, para estudios de carreras que se imparten en Panamá.
El Ministerio Público ha establecido que Meneses otorgó auxilios económicos sin sustento a personas que no requerían dicho beneficio y que, incluso, contaban con un alto poder adquisitivo.
Según la investigación de la Fiscalía, Meneses vulneró el espíritu de los programas del Ifarhu destinados a apoyar a personas con necesidades económicas.
Además, la investigación reveló que Meneses recibió en sus cuentas bancarias fondos de terceros, luego de haber otorgado auxilios económicos a un grupo determinado de beneficiarios.
Por este caso, un total de 22 personas han sido imputadas por las presuntas irregularidades en el manejo de los fondos entregados por el Ifarhu en concepto de auxilios económicos.
No obstante, durante la audiencia celebrada la tarde de este martes, la fiscal Aizpurúa adelantó que solicitará una nueva audiencia de imputación para otro grupo de personas que habrían sido beneficiadas de manera irregular con auxilios económicos.
