El funcionario que con conocimiento, y teniendo a su disposición partidas o recursos económico, para desarrollar o ejecutar una obra licitada, permita el deterioro, el abandono, o la destrucción de la misma, será sancionado con pena de 3 a 5 años de cárcel, siempre que la cuantía del daño sea de entre $20 mil hasta $500 mil.
Así consta en el proyecto de ley 28, que modifica al Código Penal relativo a la paralización y deterioro de obras, documento que fue aprobado en primer debate hoy martes 28 de enero por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
La propuesta impulsada por la diputada de Cambio Democrático, Mayín Correa, también añade que cuando el daño supere los $500 mil, la pena será de 4 a 8 años de prisión.
Esta iniciativa, igualmente adiciona un título al Código Penal denominado “delitos que afectan las obras licitadas”.
Durante el debate en la Comisión de Gobierno, Correa defendió su proyecto. Hizo un recuento de las “obras destruidas” por “desidia” de funcionarios en la Alcaldía de Panamá, cuando ella dejó de ser alcaldesa; y también mencionó los casi mil millones de dólares que según ella, se perdieron por el abandono de proyectos durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019).
Planteó que con esta propuesta de ley, se busca mandar un mensaje a los funcionarios: “tú haces lo que hicieron estos y vas a ir preso (...)".
