La Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró nula −por ilegal− una sentencia del Tribunal de Integridad y Transparencia, por la cual se sancionó a la juez decimoquinta civil Lina Castro de León a raíz de una denuncia presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, luego de que dicha juzgadora rechazó una demanda del exmandatario contra el diario La Prensa.
En un fallo con fecha del pasado 21 de julio, los magistrados Cecilio Cedalise, Carlos Vásquez y María Cristina Chen Stanziola −de forma unánime− decidieron declarar prescrita la sanción aplicada por el Tribunal de Integridad y Transparencia aplicada a la juez De León por haber concluido el término para la presentación de la denuncia.
El Tribunal de Integridad y Transparencia sancionó a la juez Castro por considerar que incurrió en una falta grave en la tramitación de la demanda civil que Pérez Balladares interpuso contra el diario La Prensa por la presunta comisión de un delito contra el honor.
La demanda presentada por Pérez Balladares alegaba que la juez Castro dilató en exceso el fallo de la demanda presentada contra La Prensa, ya que fue presentada el 19 de marzo de 2012 y se falló en junio de 2023.
El fallo de primera instancia sancionó a la juez Castro con la suspensión del pago de salario por un término de 15 días, que fue confirmada también en segunda instancia.
Sin embargo, al resolver demanda de nulidad interpuesta por la juez Castro ante la Sala Tercera, los magistrados reconocieron que la denuncia presentada por Pérez Balladares estaba prescrita.
Según el fallo de la Sala Tercera, la juez Castro tenía hasta finales de 2021 para emitir una decisión en el proceso propuesto por Pérez Balladares contra La Prensa y a partir de esa fecha los abogados del expresidente tenían un término de un año para denunciar a la juez, pero dicha acción se presentó el 23 de junio de 2023.
El fallo sostiene que en este caso el Tribunal de Integridad y Transparencia carecía de la potestad de investigar a la servidora judicial sancionada y que se incurrió un clara violación del proceso penal.
Pérez Balladares demandó civilmente a La Prensa por la suma de $5.5 millones por presuntos daños y perjuicios a raíz de una serie de publicaciones de un caso por presunto blanqueo.
La juez Castro exoneró a La Prensa y ordenó que Pérez Balladares debía pagar $581 mil por las costas del proceso.
Castro fue designada como suplente la magistrada Ángela Russo el pasado 26 de noviembre de 2024 por el presidente José Raúl Mulino.
