No recibieron sobornos; prestaron el servicio de “lobistas”. Este fue uno de los aspectos en el que se centró la defensa de los hermanos Ricardo Alberto Rica y Luis Enrique Kike Martinelli Linares, ayer martes, en el duodécimo día de audiencia del caso Odebrecht.
Luis Eduardo Camacho González, abogado que defiende a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, aseguró a la jueza Baloísa Marquínez que el gobierno panameño pagó $2 millones a una firma para que representara al país en el proceso de extradición que se llevó a cabo en Estados Unidos, entre 2017 y 2018, para traer al exgobernante a Panamá.
“Esa firma cobró hasta el servicio de masaje en los hoteles... Esa gente sí sabe cómo cobrar”, aseguró.
Entonces, manifestó que no entiende por qué ese servicio de lobby que pagó Panamá “está bien”, pero el que hicieron sus clientes a favor de Odebrecht “está mal”.
“Queremos que a los hermanos Martinelli se les juzgue por haber hecho lobismo, pero aquí se le pagó a una firma para que hiciera lobismo en Estados Unidos”, manifestó.
Los hermanos Martinelli Linares actualmente cumplen condena en Estados Unidos por blanquear al menos $28 millones en coimas de Odebrecht, a través del sistema financiero estadounidense. Ambos le confesaron a un juez de Nueva York que cometieron el delito siguiendo órdenes de su padre.
En la vista fiscal del caso que siguió el Ministerio Público de Panamá constan las declaraciones de André Rabello, exintendente de la constructora en el país, quien afirmó que desde el momento en que Martinelli ganó la elección (en mayo de 2009), Kike y Rica se le acercaron para ofrecerle sus servicios de intermediación y agilizar pagos y adendas a favor de la constructora.
Mientras, Alma Cortés sustentó en favor de Importadora Ricamar, S.A. y de Linda Gesto, amiga personal de Martinelli y quien en el sistema informático utilizado por Odebrecht para pagar las coimas era conocida con el seudónimo “Periquito uno”.
Sobre Ricamar, dijo que la fiscalía inició la investigación sin que existiera una alerta de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como lo establece el artículo 51 del Código Penal.
La UAF estaba bajo el control de Martinelli, en la Presidencia de la República.
Recalcó que la empresa se limitó a recibir o realizar pagos por parte de Cambio Democrático (CD), colectivo que fundó y presidió (en aquella época) Martinelli.
Aceptó que Importadora Ricamar recibió $2.6 millones Caribbean Holding (de Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli), pero que ese dinero era de cuentas por cobrar de Importadora Ricamar relacionadas con la campaña de CD y que fueron reportadas al Tribunal Electoral (TE). Por tanto, la competencia para investigar estos hechos sería, según Cortés, del TE.
Con relación a Linda Gesto, dijo que no hay pruebas de que el dinero que ella usó en sus tarjetas de crédito procediera de alguna actividad ilícita, como lo aseguró el testigo protegido Rodrigo Tacla Durán. Cortés hizo alusión a un informe de la fiscalía en el cual se revela que Gesto, junto a otras tres amigas de Martinelli, recibió pagos en carácter de apoyo familiar a través del Banco PKB, en Antigua y Barbuda.
