Representantes de diversas organizaciones efectuaron al mediodía de este martes una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia como medida de presión para que los magistrados admitan una denuncia presentada contra 13 diputados.
Freddy Pittí, miembro de Juntos Dedicimos, dijo que con esta tipo de iniciativa esperan que los magistrados no archiven la denuncia que presentó el pasado 29 de marzo, junto al abogado Carlos Herrera Morán, por la posible comisión de delitos contra la administración pública (peculado), como ocurrió con otras dos denuncias presentadas por los abogado Ernesto Cedeño y Alexis Sinclair por el mismo tema.
Los diputados fueron denunciado a raíz de investigación de La Prensa reveló que la Asamblea gestionó entre julio de 2014 y el 3 de marzo de 2017 unos $14 millones en donaciones, que en buena parte de los casos no llegaron a los beneficiarios originales; y otros $68 millones en contratos por servicios profesionales –entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016–, que en muchas ocasiones tampoco se efectuaron.
El grupo tenía previsto entregar las firmas que recogió a través de la plataforma en línea change.org para que la Corte admita la acción penal presentada por Pittí.
Sin embargo, informaron que la presentará después de Semana Santa.
Durante la última semana recogieron mil firmas, las cuales fueron pegadas en la mañana de hoy en diversas paredes de la Corte Suprema de Justicia.
"Los panameños merecemos conocer de manera oportuna lo que ha estado aconteciendo en la Asamblea Nacional con respecto al uso de los dineros tipificados en el renglón de "donaciones, subsidios y ayuda social" del presupuesto general de este Órgano del Estado", señala la petición.
La misiva también solicita a la Contraloría General de la República que audite las donaciones de los diputados.
Dos de las organizaciones civiles a cargo de la organización de esta petición son: Juntos Decidimos y Asamblea de Acción Ciudadana.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió la semana pasada no admitir dos denuncias penales que fueron presentadas contra el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Rubén De León, y el contralor Federico Humbert, por supuestas irregularidades en los donativos otorgados con presupuesto de ese Órgano del Estado.
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