Una de las partes querellantes en el caso de los pinchazos telefónicos presentó la mañana de estelunes 16 de septiembre la sustentación por escrito de su recurso de casación contra el fallo del Tribunal de Juicio que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli, de los delitos de peculado y espionaje telefónico.
El abogado Carlos Herrera Delegado expresó que espera que con este recursos reviertan dicho veredicto, argumentando que hubo graves lesiones al debido proceso, ya que se echó por tierra lo actuado por la Corte Suprema de Justicia.
“Estamos pidiendo que se revoque la sentencia que declaró no culpable al expresidente y que, como hay violaciones al debido proceso y hay errores en la aplicación de la ley, se revoque la sentencia y se decrete la condena porque la Corte, a través de la Sala Segunda, tiene la potestad de hacerlo”, afirmó Herrera Delegado, abogada de Balbina Herrera, una de las personas que forma parte del grupo de querellantes.
DEFENSA DE MARTINELLI PRESENTA ESCRITO
En horas de la tarde, el expresidente Martinelli y su equipo de abogados se presentaron a las oficinas del sistema penal acusatorio para presentar un escrito de oposición debido a los recursos interpuestos, tanto de la fiscalía como de los querellantes.
“Hoy presentamos la contestación por parte de la defensa a la oposición a los recursos de anulación que nos habían corrido traslado. Nos notificaron ya de un escrito de casación presentado por otras de las partes querellantes así que igualmente le daremos la contestación”, afirmó el abogado Alfredo Vallarino.
El abogado dijo que espera que se dé una “inadmisión por cuestiones de forma y de fondo”.
“Aquí no hay debido proceso, aquí hay persecución política”, comentó, por su parte, Martinelli a los medios de comunicación.
Martinelli enfrentaba una condena de hasta 21 años de prisión por la presunta comisión de cuatro delitos: inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, y dos formas de peculado (de uso y de malversación).
El pasado 9 de agosto, en su veredicto los jueces Roberto Tejeira, Raúl Vergara y Arlene Caballero, consideraron que respecto a los dos primeros delitos, no se acreditó la ausencia de autorización judicial para efectuar las interceptaciones. Dicho de otro modo, que no había pruebas de que estos espionajes fueran ilegales.
