Un grupo de ciudadanos presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que propone la "muerte civil" de aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública.
La medida implica que aquellos condenados a cinco años o más por actos de corrupción sean inhabilitados para aspirar a cualquier cargo de elección popular, ejercer funciones públicas y contratar con el Estado. Esto último aplicaría también para personas jurídicas.
El anteproyecto -que introduce modificaciones al Código Penal y la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas- también propone ampliar las penas de prisión por delitos contra la administración pública.
La iniciativa fue presentada por Juan Diego Vásquez, Mauricio Valenzuela, Bryan Brennan, Irma Planells, Anayansi Acevedo, Hermelinda Rodríguez y Donaldo Sousa, en la oficina de participación ciudadana de la Asamblea Nacional, este miércoles 10 de enero, un día después de una concentración ciudadana contra la corrupción y el juega vivo, celebrada de forma pacífica en la cinta costera.
"Coincidimos no solo en que la corrupción, la impunidad y el mal manejo de los fondos públicos han detenido el vertiginoso crecimiento de la República de Panamá, sino también en que la muerte civil es una de las soluciones a tan complejo problema", señala la nota (exposición de motivos) entregada por los proponentes a la diputada Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional.
"Entendemos muerte civil, en su sentido más llano, como la separación de por vida de todos los corruptos de la administración de la cosa pública", agregan.
El Código Penal ya contempla la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. El anteproyecto de ley propone que esta inhabilitación sea "de por vida" y aplicada de manera obligatoria por el juzgador.
