La petición del empresario Raúl de Saint Malo de sustituirle la pena a cinco años de prisión por blanqueo de capitales, que se le impuso como parte del caso Odebrecht, fue negada por la jueza de cumplimiento Angeline Adames.
La abogada Nedelka Díaz había solicitado que la pena fuera reemplazada por una pena de trabajo comunitario, como profesor en la Universidad Marítima de Panamá (UMIP).
De Saint Malo tiene el título de ingeniero naval y tiene embarcaciones en las que podría adiestrar a los estudiantes de marina, dijo la abogada.
Pero, la jueza Adames determinó que la solicitud no cumplió requerimientos como son el visto bueno de la universidad, la acreditación del Consejo Académico de la UMIP y tampoco consignó información sobre quién sería la persona encargada de supervisar las actividades que realizaría Saint Malo.
Explicó que la naturaleza del trabajo comunitario es servirle a la comunidad.
Sobre este tema la fiscal Tania Sterling dijo que con ello no habría retribución social, dada la gravedad de la conducta delictiva y la sanción aplicada.
De Saint Malo alcanzó un acuerdo de colaboración y pena con la Fiscalía Especial Anticorrupción en marzo pasado y como parte de este se le aplicó una pena de cinco años de prisión, que no ha comenzado a regir todavía.
Sterling señaló que, como parte del acuerdo con la fiscalía, De Saint Malo devolvió $1.9 millones y dos embarcaciones valoradas en $1.8 millones.
Según la investigación, el empresario reconoció que por instrucciones de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares –hijos del expresidente Ricardo Martinelli– efectuó pagos para la compra de un helicóptero que posteriormente fue aprehendido por el Ministerio Público bajo sospechas de que fue comprado con dinero proveniente del blanqueo de capitales.
En indagatorias rendidas entre mayo y junio de 2017 ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, De Saint Malo reveló que, tras un negocio de barcos tanqueros que acordó en 2013 con los hermanos Martinelli Linares, formaron la sociedad Petro Trading Services Corp., a través de la cual se hicieron pagos a Franconaves y a otras sociedades.
Entre esas sociedades figuraban Desarrollo Inmobiliario Ibérico, Corporación de Energía del Istmo y Promotora y Desarrollo Los Andes, todas ligadas a la familia Martinelli y que son objeto de investigación por el Ministerio Público en el proceso relacionado con la constructora brasileña Odebrecht y otros procesos judiciales.
