El Ministerio Público (MP) informó que apeló la medida cautelar de reporte periódico a siete personas aprehendidas (cuatro miembros de la Policía Nacional y tres civiles) como parte de la operación Denver.
A estos se les vincula con una estructura criminal para desplazar droga desde Panamá hacia Costa Rica, permitiendo las unidades desde el puesto de control policial de Guabalá, provincia de Chiriquí, el paso de vehículos con sustancias ilícitas a cambio de dinero que les pagaban los narcotraficantes.
En audiencia de garantías celebrada el jueves 3 de mayo a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas le legalizaron las peticiones de aprehensión, imputación de cargos y la detención provisional de las siete personas. Cargos por tráfico de drogas, asociación ilícita para delinquir y corrupción de servidores públicos le fueron imputados a tres cabos y un subteniente de la Policía Nacional. Igualmente, se imputaron cargos a dos particulares por tráfico internacional de drogas y asociación ilícita para delinquir y a la mamá de uno de los imputados por blanqueo de capitales.
La juez de garantías del primer circuito judicial de Panamá, Karolina Santamaría, decidió decretar el reporte a los imputados los días lunes, miércoles, viernes, así como la prohibición de salida del distrito donde viven, debido a que mantienen los señalados arraigo laboral y domiciliario.
La juez sustentó tal medida en virtud de que, a su criterio, no se evidencia peligro de fuga ni peligro de destrucción de evidencia.
De igual forma, en la audiencia se negó la separación del cargo de los agentes policiales, tal como había solicitado el Ministerio Público.
Al concluir la audiencia, el fiscal segundo superior de drogas, Eduardo De La Torre, anunció la apelación de las medidas cautelares personales. Por lo tanto, la audiencia se fijó para el próximo jueves 10 de mayo.
Esta investigación se inició desde el mes de diciembre de 2016, lográndose el decomiso de 615 kilos de cocaína y 168 mil dólares.
El plazo para la conclusión de la investigación quedó establecido en seis meses.
