El contralor general de la República, Federico Humbert, denunció la semana pasada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al diputado perredista y vicepresidente de la Asamblea Nacional Leandro Ávila.
La denuncia tiene su origen luego de conocerse que una empleada doméstica que laboraba con la expresidenta Mireya Moscoso en Boquete, Chiriquí, fue una de las personas que contrató Ávila, a través de fondos de la partida 172 de la Asamblea.
Se trata de Mireya Jurado Gómez, quien recibió tres contratos por servicios profesionales en 2015 y 2016. Tras conocerse el hecho, Jurado Gómez fue despedida por la expresidenta Moscoso.
Cuando se conoció sobre esto, el diputado Ávila dijo que el hecho de que Jurado Gómez se encontrase en Chiriquí no afectaba, porque las personas que están bajo estas planillas no tienen horario ni están obligadas a marcar, y pueden estar en cualquier parte del país.
El magistrado de la Corte, Oydén Ortega, deberá decidir si admite o no la acción legal contra el diputado.
Consultado sobre la denuncia interpuesta este lunes, Ávila dijo que desconocía esta denuncia presentada en su contra. "Voy a hacer las gestiones para ver de qué se trata", comentó a este medio.