La declaración jurada de bienes patrimoniales de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá ser actualizada los primeros 10 días de cada año mientras ejerzan el cargo; los expedientes tendrán que ser digitales en todas las jurisdicciones del Órgano Judicial; y se impondrá plazos a los magistrados para que presenten los proyectos de fallo, so pena de ser sancionados.
Las anteriores son algunas de las propuestas incluidas en los ocho anteproyectos de ley presentados la tarde del pasado lunes ante el pleno de la Asamblea Nacional por el magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado.
Los proyectos también establecen que, para reducir el hacinamiento en las cárceles, las audiencias podrán efectuarse con la ausencia del fiscal o del querellante, quienes serán sancionados por faltar sin causa justificada.
Otra propuesta plantea que todas las audiencias serán públicas y transmitidas por los medios de comunicación estatales.
Estas propuestas modifican el Código Judicial, el Código Procesal Penal y la recién aprobada ley de carrera judicial.
