La jueza de garantías Sandra Castillo validó acuerdos de pena que van desde 64 hasta 180 meses de prisión para 21 de los 60 imputados por los delitos de tráfico internacional de drogas y conspiración para el tráfico internacional de drogas mediante el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Estas personas fueron detenidas durante las operaciones “Eros” y “Colibrí”.
Durante la audiencia, que se extendió hasta las 10:00 p.m. del miércoles, el fiscal de Drogas Julio Campines y los abogados defensores alcanzaron los acuerdos de pena, que variaron según el grado de participación de los implicados dentro de la estructura criminal.
Según la investigación, el grupo recibía cargamentos de droga provenientes de Colombia, los cuales eran enviados a Europa dentro de maletas con etiquetas alteradas.
El anuncio de los acuerdos generó descontento entre los otros 39 investigados que decidieron continuar el proceso judicial.
Por este motivo, la jueza ordenó que solo permanecieran en la sala los 21 imputados que negociaron las condenas, mientras que el resto fue trasladado nuevamente a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, donde permanecerán hasta que se definan sus medidas cautelares.
En los casos en los que se pactó una pena de 64 meses de prisión, los sentenciados podrán solicitar la aplicación de un reemplazo de pena una vez cumplido el tiempo mínimo establecido por la ley.
Todos los condenados fueron puestos a órdenes del sistema penitenciario para iniciar el cumplimiento de sus sanciones en los centros asignados.
Medidas cautelares y desmayo en la audiencia del jueves
Este jueves 20 de noviembre, se retomó la audiencia a las 10:00 a.m., en la cual el fiscal Campines solicitó la medida cautelar de detención preventiva para los otros 39 imputados. En medio de la sesión, uno de los procesados sufrió un desmayo dentro de la sala, por lo que fue atendido por personal del 9-1-1 y retirado para evaluación médica.
El fiscal argumentó que los aprehendidos cumplían diversas funciones dentro de la organización criminal, que se trata de delitos graves y que existe riesgo de fuga, afectación a la comunidad y destrucción de pruebas. Campines recalcó que las actividades de la red ponen en riesgo la salud pública y producen graves daños a la sociedad.
La investigación, iniciada en 2023, reveló el funcionamiento de una red que utilizaba el Aeropuerto de Tocumen para movilizar droga desde Colombia hacia otros destinos.
Cómo operaba la red
Según la fiscalía, la droga era transportada por vía marítima desde Colombia en lanchas de pesca artesanal hasta puntos como Darién, Chepo, Juan Díaz (Panamá), Chame (Panamá Oeste) y Antón (Coclé). Posteriormente era almacenada en centros de acopio ubicados en Pedregal y en un taller mecánico en San Miguelito.
La red reclutaba colaboradores que prestaban servicios en Tocumen para ingresar la droga en sus vehículos y trasladarla a zonas internas del aeropuerto. Otro grupo, integrado por empleados encargados de áreas verdes, desenterraba la droga en zonas cercanas a la cerca perimetral y la movía hasta las bodegas, donde avanzaba en la cadena logística.
Además, la organización mantenía una célula armada dedicada al “tumbe” de cargamentos de otras bandas, como ocurrió con los 240 kilos de cocaína decomisados en La Mesa de San Martín, en Pacora.
Las comunicaciones internas se realizaban mediante aplicaciones con mayor seguridad frente a intervenciones oficiales, como Signal, y también existían miembros encargados de monitorear la actividad de la policía en zonas clave.
En total, la Fiscalía de Drogas decomisó 3,700 kilos de cocaína en 24 acciones, entre ellas la incautación de 1,200 kilos en el Archipiélago de Las Perlas.
