La revolución bolivariana se atrinchera para enfrentar el vendaval que, calcula, se le viene encima. El presidente Nicolás Maduro y los suyos han reconocido que 2016 fue el año más difícil para el régimen venezolano, asediado por los efectos de la brutal crisis de abastecimiento y el incremento vertiginoso de la inflación, atribuidos todos por la narrativa oficial a una “guerra económica” que el imperialismo estaría librando para derrocar al chavismo.
Pero solo ahora los jerarcas de la dirección colegiada que administra el poder desde la muerte de Hugo Chávez empiezan a resentir la pérdida de dos de las bazas fundamentales que jugaron a favor del autodenominado bolivarianismo desde que conquistó el poder en diciembre de 1998: la habilidad para ganar elecciones –origen irrefutable de su legitimidad– y un entorno internacional propicio.
La reacción primaria ante la nueva situación reproduce viejos gestos de los autoritarismos: aumento de la represión y suspensión de hecho de unos comicios que el gobierno, como señalan todos los estudios de opinión, no está en condiciones de ganar. Usando los resortes institucionales que domina, en 2016 pudo zafarse del doble compromiso del llamamiento infructuoso a un referendo revocatorio por parte de la oposición, por una parte, y de las elecciones para alcaldes y gobernadores que, según la Constitución, debieron tener lugar el año pasado.
Durante el reciente asueto de Carnaval, la inteligencia militar detuvo a Santiago Guevara, un profesor de economía jubilado de la Universidad de Carabobo (centro de Venezuela), que ha publicado artículos de prensa donde prevé posibles escenarios de transición política en el país. Puesto bajo custodia de los tribunales castrenses, ahora Guevara enfrenta cargos por “traición a la patria”.
El viernes pasado trascendió también que un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, que el gobierno controla, ordenó a la Contraloría General y a la fiscalía la apertura de una investigación contra el vicepresidente de la opositora Asamblea Nacional, Freddy Guevara (no es familiar del profesor detenido), bajo la presunción de que habría incurrido en una “usurpación de funciones” al intentar desde el Parlamento realizar pesquisas acerca de irregularidades administrativas presuntamente cometidas por el expresidente de la petrolera estatal PDVSA y actual embajador ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez.
Pero, junto con estas clásicas medidas intimidatorias, el gobierno despliega nuevos mecanismos de control social que apuntan a la modulación de las dos preocupaciones mayoritarias en la opinión pública: el acceso a los productos de primera necesidad y la inseguridad.
