El tercer golpe de Estado se cumplió en tres pasos: el 1 de mayo de 2017 -apenas un mes después de consumado el anterior golpe de Estado- Maduro ordenó al CNE convocar a una elección para elegir a los supuestos constituyentes. Esta convocatoria violó la Constitución. El 30 de julio de 2017 se hizo la elección, proceso fraudulento, cuyo procesamiento legal está pendiente. El 4 de agosto se instaló la llamada Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué se instaló? La estructura más aberrante, ilegal, ilegítima y fraudulenta que haya conocido Venezuela desde la muerte de Juan Vicente Gómez, en 1935.
La estrategia en curso es la de legitimar la ANC a la fuerza. Imponerla por todos los medios posibles. Mientras destruye la Constitución de 1999, emite órdenes para las que carece de atribuciones. Impone obediencia quien no tiene facultades para ello. Se trata, ni más ni menos, de una estructura que no debería existir. Un parapeto que carece de legalidad y de legitimidad. Y, para más señas, fraudulento, producto de un delito electoral gravísimo, tal como fue denunciado por los propietarios de la empresa Smartmatic.
Quienquiera que tome el poder en Venezuela, una vez que el régimen actual sea desplazado, tiene un conjunto de tareas que son de la mayor prioridad. Unas son las de atender las emergencias cotidianas: el auge del hambre, de la enfermedad, el apogeo de la delincuencia y la escasez de absolutamente todo. La otra urgencia, de carácter legal, institucional y político, es la restitución inmediata de la Constitución de 1999. Nadie puede olvidar que ella fue convocada en una consulta popular, y que fue aprobada por el pueblo en otra consulta. La nueva etapa política que debe iniciarse en Venezuela en lo inmediato, tiene en la Constitución de 1999, su más legítima, necesaria y única referencia. Y, aunque el poder quiera olvidarlo: está vigente. Más vigente que nunca.
El autor es presidente y director del diario ‘El Nacional’, de Caracas, Venezuela.
