México lidera al grupo de 14 países de la región –todos a excepción de Ecuador, Bolivia, Nicaragua y el bloque caribeño– que, desde hace tiempo, ha mostrado su preocupación por el deterioro de Venezuela. Argentina, con la llegada de Macri a la presidencia, encabezó en un primer momento esa corriente, que acompañaron, entre otros, Perú, Chile, Colombia, Brasil y México, bajo cuyo liderazgo, y ante las últimas decisiones del régimen de Maduro, ha elevado el tono. El último comunicado conjunto, por primera vez, reclamaba la liberación de los presos políticos, fijar un calendario electoral y que “se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional”.
“No podemos y no debemos seguir siendo indiferentes, se trata de una violación sistemática a los principios de la democracia”, aseguró recientemente el canciller Luis Videgaray, la declaración más rotunda de la diplomacia mexicana hasta la fecha, que propició que su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, le tachase de “servil”. Otro gesto llegó esta semana. El presidente Enrique Peña Nieto recibió a Lilian Tintori. El mandatario era uno de los pocos dirigentes mundiales que aún no había recibido a la esposa del preso político Leopoldo López. Entre los principales presidentes latinoamericanos, solo Juan Manuel Santos (Colombia) y Michelle Bachelet (Chile) han rehusado esa reunión. Más allá del contenido, el simbolismo de este tipo de encuentros suele ser considerado como una afrenta por el gobierno de Nicolás Maduro.
“Una suma de coyunturas ha propiciado tener un papel más activo”, reconoce Luis Alfonso de Alba, embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Uno de los motivos es el “estancamiento” del diálogo, impulsado por Unasur y respaldado por el Vaticano, tres de los expresidentes iberoamericanos, entre ellos el español José Luis Rodríguez Zapatero. “No damos por rota esa mediación, pero tendría que haber un planteamiento novedoso porque no han logrado destrabar la situación”, asegura el diplomático mexicano, una opinión que en buena parte de la oposición venezolana es más drástica. “Zapatero ha quedado descalificado”, aseguró recientemente Henrique Capriles, líder opositor inhabilitado por el chavismo durante 15 años el pasado viernes.
El objetivo de México al frente de esta suerte de G-14 es propiciar una alternativa para evitar retomar la mediación de los expresidentes y también una hipotética expulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Tenemos que ver cómo reacciona el gobierno y la oposición, es esencial que haya unidad”, asegura De Alba, quien asegura que los contactos con la diplomacia venezolana son constantes. “Buscamos una respuesta mucho menos retórica”, añade, al tiempo que descarta rotundamente cualquier intervención extranjera en Venezuela, como suele sugerir el chavismo.
Los movimientos de las últimas semanas suponen un cambio sustancial en la concepción de la política exterior mexicana respecto a América Latina. El sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) estuvo marcado por la cooperación con Estados Unidos y la guerra contra las drogas, mientras que Peña Nieto, hasta ahora, había hecho más énfasis en promover sus reformas. “Durante dos años y medio Peña Nieto fue cómplice de Maduro, nunca alzó la voz ni hizo críticas; con la llegada de Videgaray cambió el tono”, asegura el excanciller Jorge Castañeda. “Si en América Latina no sales de frente a defender la democracia y los derechos humanos, no tienes bandera. Ahora se ha vuelto a una posición tradicional, México condenó las dictaduras militares y contribuyó a la paz en Centroamérica”, añade Castañeda.
