Un tribunal de justicia peruano suspendió ayer la audiencia de pedido de prisión preventiva para la opositora Keiko Fujimori –quien salió de la cárcel hace un mes–, luego de que la fiscalía omitiera entregar a la defensa nuevas pruebas relacionadas con el caso Odebrecht.
“Se suspende la audiencia para el 28 de diciembre, se continuaría el 31 de diciembre y el 2 de enero de 2020”, anunció el juez Víctor Zúñiga, cuando habían transcurrido unos 30 minutos de iniciada la sesión.
La decisión se debió a una queja de la abogada Giulliana Loza, quien sostuvo que la fiscalía no le aportó con anticipación las nuevas pruebas contra su clienta.
La audiencia había sido considerada como “inaplazable” por el Poder Judicial, y no contó con la presencia de Keiko Fujimori.
“Voy a seguir la audiencia desde la casa de mi mamá en compañía de mi familia y será [la abogada] Giulliana Loza la que expondrá mis razones y defensa técnica. Si hay aún un poquito de justicia y de estado de derecho, este pedido repetido no pasará”, escribió en Twitter.
El fiscal José Domingo Pérez pidió al juez que dicte 36 meses de prisión preventiva alegando que existe peligro de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de Fujimori, a raíz de pruebas surgidas en las últimas semanas.
El pedido contra la líder de Fuerza Popular se evaluará cuando falta un mes para las elecciones legislativas extraordinarias, en las que su agrupación figura en segundo lugar en los sondeos, detrás de Acción Popular.
Keiko, de 44 años y madre de dos hijas (de 12 y 10 años), declaró recientemente: “No existe peligro de fuga porque así lo determinaron los jueces, y los presuntos peligros de obstrucción, el Tribunal Constitucional en su fallo que me dio libertad, los descartó”.
Pero el fiscal Pérez estima que existen nuevos elementos contra Keiko, a la que acusa de recibir dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.
A la acusación de lavado de activos, Pérez quiere sumar las de obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.
“Que nuestro clamor por justicia y dignidad sea escuchado”, dijo el magistrado al inicio de la audiencia. La sesión era transmitida en directo por varias televisoras.
La defensa de Keiko Fujimori confía en que esta vez el juez rechazará el pedido de prisión. La fiscalía, que aceptó a regañadientes la decisión del Tribunal Constitucional, volvió a la carga luego de obtener en Brasil una declaración de un exejecutivo de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien confirmó ante los fiscales peruanos el aporte de un millón de dólares de la empresa para solventar la campaña de la líder de Fuerza Popular en 2011.
Este dinero habría sido remitido a su candidatura, vía la denominada Caja 2 de la división de “operaciones estructuradas” de Odebrecht, que servía para dar sobornos y financiamiento no declarado a partidos políticos, reveló el portal IDL-Reporteros, especializado en el caso.
La líder opositora había anunciado hace una semana una pausa en sus actividades políticas: “Voy a hacer una pausa en mis actividades políticas porque mi prioridad es y será siempre mi familia, y enfrentaremos este proceso con la familia completa”.
