UNA DE CAL. El Gobierno le puso un tope de $60 por funcionario para los bonos de comida en las instituciones públicas o las fiestas navideñas, uniformando así el gasto en las entidades y erradicando la entrega de bolsas de comida. Si bien es cierto que no es una obligación dar bonos o hacer fiestas, es positivo que se haya unificado el criterio para evitar la discrecionalidad que siempre se ha prestado a abusos. Ojalá mermen también los gastos de la partida discrecional, los viajes y los viáticos.
AQUÍ, RECORDANDO. Han pasado casi dos meses desde que Javier Martínez Acha se declaró víctima de una “sistemática campaña”, luego de que se revelara que aparecía ligado a dos sociedades que recibieron $2 millones en transacciones realizadas por Pipo Virzi con los fondos que el Estado desembolsó para el proyecto de riego de Tonosí, y nunca más se ha sabido de él. Mandó un comunicado declarándose víctima, diciendo que todo era una mentira y que él era leal al PRD, y se perdió. Pues no lo hemos olvidado.
REGAÑO. El procurador de la Administración, Rigoberto González, le jaló las orejas a la ministra de Educación y al director de Pandeportes por haber suspendido graduaciones, porque chocaban con un evento deportivo. Qué bueno que alguien se manifestó; si no fuera por González ese bochornoso incidente pasaría desapercibido. En otro país (uno serio) ellos habrían recibido alguna sanción.
LO IMPORTANTE. En los próximos días van a indagar a Carretero por el caso de los instrumentos musicales. Excelente. Ojalá estas indagatorias vayan de la mano con las indagatorias de los peces gordos en los casos grandes.
