Las exigencias públicas del diputado oficialista Alejandro Magno Castillero al presidente de la República, Laurentino Cortizo, de más recursos y nombramientos para quienes buscan los votos en las campañas políticas, pone en evidencia, una vez más, una práctica clientelista y desnuda la falta de institucionalidad en el país, con un Legislativo que está más pendiente de resolver temas particulares que de ejercer su función de hacer leyes y fiscalizar.
Así lo advierten diversos sectores consultados por este diario.
El exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, dijo que esto no es más que “una rotunda mala interpretación de lo que son los fines del Estado”. Eso, agregó, es inaceptable para alguien que hace las leyes del país.
Annette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá, calificó el mensaje de Castillero -que él mismo difundió en un video- como un resumen de la podredumbre política.
Además, revela “el entreguismo de quienes deben fiscalizar al Ejecutivo con el propósito de continuar con el clientelismo que los mantiene en el poder”.
El pasado viernes, Castillero fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por la posible comisión del delito de tráfico de influencias. La acción fue presentada por Cristian Ábrego, de la Fundación Conciencia Ciudadana.
Freddy Pittí, de la Concertación Nacional, expresó que este caso es la viva representación de cómo ha sido, y sigue siendo, el manejo en la Asamblea. Tanto, que en una ocasión, un diputado (Raúl Pineda) la denominó “la casa del jabonero”.
Pittí recordó que la Constitución Política expresa en tres de sus artículos (158, 159 y 169) las funciones de los diputados, las cuales son amplias y de suma importancia y ahí no está lo que pretende Castillero.
Recordó que este tipo de actuaciones, “desleal y hasta ilegal”, se han repetido quinquenio tras quinquenio, a sabiendas de que “ningún diputado tiene la potestad de administrar fondos, bonos, alimentos o plazas de empleo.” añadió.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) recordó en un comunicado que los fueros y privilegios no están permitidos para nadie.
En la Asamblea Nacional, en tanto, diputados independientes como Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva criticaron la actuación del colega.
Para el abogado Ernesto Cedeño la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea, está llamada a iniciar una investigación.
