Una iniciativa legislativa que se creen los lineamientos de una política criminal en Panamá, “coherente, proporcional, racional, estable, respetuosa de los derechos humanos, basada en fundamentos empíricos y científicos”, propuso ayer ante el pleno de la Asamblea Nacional el diputado independiente Gabriel Silva.
En el documento, el diputado critica que cada gobierno ha establecido su propio plan de seguridad, en la mayoría de los casos “diametralmente diferente” al que se estaba aplicando, lo que compromete la efectiva respuesta del Estado frente a la delincuencia común y el crimen organizado.
La propuesta, que consta de 17 artículos, busca, entre otros aspectos, crear un plan nacional de política criminal basado en 10 aspectos, entre ellos, coherencia, seguridad jurídica y resocialización.
Además, propone la creación del consejo especializado de política criminal, que se encargaría de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la implementación del plan.
Este organismo estaría adscrito al Ministerio de la Presidencia y sería conformado por nueve miembros.
