Londres anunció ayer un controvertido plan de control de la migración clandestina, que incluye enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda, país africano a 7 mil kms de distancia, y confiar a la Armada la vigilancia de las llegadas ilegales por mar.
“A partir de hoy, la Royal Navy asumirá el mando operativo en el canal de la Mancha (...) para garantizar que ninguna embarcación llegue al Reino Unido sin ser detectada”, anunció el primer ministro Boris Johnson, durante una visita a Dover, por donde ha llegado en los últimos meses un número creciente de embarcaciones con migrantes.
El Ejecutivo dedicará 50 millones de libras ($65 millones) a más personal y nuevo material, como helicópteros, aviones y drones, precisó. Al mismo tiempo, llegó a un acuerdo con las autoridades de Ruanda para enviar a ese país africano -que tiene un “lamentable balance en materia de derechos humanos”, según Amnistía Internacional (AI)- a personas que entren ilegalmente en el Reino Unido.
La ministra del Interior, Priti Patel, viajó a Kigali para cerrar este multimillonario acuerdo, que provocó la indignación de oenegés como AI, que denunció “una idea escandalosamente mal concebida”, que “provocará sufrimiento y malgastará enormes sumas de dinero público”.
Ruanda recibirá en un primer momento 120 millones de libras ($157 millones) “para acoger a demandantes de asilo y migrantes y darles una vía legal para la residencia” y para “establecerse de forma permanente, si así lo desean” en ese país, informó su ministro de Relaciones Exteriores, Vincent Biruta.
