Diez precandidatos a la presidencia de Nicaragua, opositores al gobierno de Daniel Ortega, rechazan un proyecto de reformas electorales impulsado por el oficialismo porque lo consideran “excluyente” y “represivo”, según una proclama divulgada ayer.
La reforma, en manos de una comisión del Parlamento que domina el oficialismo, “pretende nuevas inhibiciones para aplicarse a los candidatos de la oposición” e institucionaliza la “represión” al incorporar leyes que violan la Constitución y los derechos políticos, denunciaron en un documento.
La nueva propuesta extrae de las atribuciones del tribunal electoral la autorización de manifestaciones partidarias durante la campaña y le da ese poder a la Policía, cuyo jefe supremo es Ortega, lo que le convierte “en juez y parte” del proceso, denuncian los opositores.
También elimina el concepto de observador electoral y lo sustituye por el de “acompañante”, que los opositores consideran limitado.
Los aspirantes consideraron que el nuevo proyecto refleja “la falta de voluntad política” del gobierno de Ortega para restablecer la confianza en el sistema electoral y “pone en evidencia las maniobras y la manipulación” en un proceso que debe ser transparente, libre e imparcial, como ha demandado la comunidad internacional.
Ortega, en el poder desde 2007, ya tiene vigentes normas que prohíben optar a cargos de elección popular a quienes demanden sanciones contra el país, así como otra que obliga a organizaciones civiles a declarar los aportes que reciben del exterior, bajo riesgo de cierre.
Se trata de uno de los primeros actos de consenso de la oposición en años, pues no han logrado acuerdos en torno a la unidad para enfrentar a Ortega, quien según sus rivales buscaría la cuarta reelección consecutiva.
Los opositores han expresado su intención de ir con un candidato único, que definirían mediante elecciones primarias.
Los comicios generales están previstos para el 7 de noviembre.
