Que se suspendan todas las partidas del presupuesto general del Estado destinadas a los viajes de funcionarios al extranjero y al interior de la República, cuando se declare una emergencia nacional sanitaria en el país.
Esta es una de las propuestas que fue incluida en el proyecto de ley 281, que espera tercer debate en la Asamblea Nacional.
La iniciativa, que impulsa la diputada de Cambio Democrático, Ana Giselle Rosas, exceptúa de dicha suspensión los viáticos del personal que se encuentra atendiendo la emergencia nacional sanitaria por el nuevo coronavirus.
“El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, podrá usar las partidas suspendidas del presupuesto general del Estado, con el fin de atender la emergencia”, añade la moción.
El otro proyecto que está en la lista
Se trata del que establece la suspensión del pago de electricidad y telefonía por cuatro meses y sin intereses, en atención al estado de emergencia por el Covid-19. La suspensión es a partir de la factura del 1 de marzo pasado y aplicaría a los clientes con un salario inferior a los $2 mil mensuales, que han sido destituidos o no están laborando por la crisis.
A este proyecto, que busca establecer medidas de interés social frente a emergencias sanitarias nacionales, también se le incluyó durante el segundo debate –el pasado jueves 26 de marzo– un artículo para que se pueda utilizar el financiamiento postelectoral de los candidatos electos por libre postulación, sujeto a una auditoría posterior, para apoyar las medidas contempladas en la presente ley.
Una propuesta similar había sido presentada por el diputado independiente Gabriel Silva en el proyecto de ley que permite usar el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) para la crisis por la pandemia. Sin embargo, no tuvo el visto bueno de la bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático.
Sin obligaciones
Otro aspecto que se propone en el proyecto de ley 281 es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Bancos de Panamá establezcan un proceso para adaptar las medidas necesarias a fin de mitigar, flexibilizar y suspender las obligaciones personales o comerciales de las personas naturales y jurídicas, dentro del plazo decretado por la emergencia nacional sanitaria.
“El plazo de la suspensión no pasara los 30 días luego de levantada la emergencia nacional sanitaria”, detalla la propuesta.
Además, dispone que la Superintendencia de Bancos, con base en sus facultades de supervisión, determine la flexibilización de la tasa de interés a los productos crediticios que actualmente ofrece el sector bancario, respecto a las obligaciones personales y comerciales de las personas naturales y jurídicas, dentro del plazo de emergencia.
Robustecer el Gorgas
También dispone que una vez decretada la emergencia nacional se fortalecerá de inmediato el presupuesto de funcionamiento del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, para procurar que tenga mejor funcionamiento, conforme los más altos estándares internacionales en investigación de la salud y prevención de enfermedades.
La Asamblea tiene previsto retomar el próximo lunes 30 de marzo el debate de este y otros proyectos relacionado con la pandemia. Ya lo intentó la madrugada del viernes 27 de marzo, pero no fue posible por falta de quórum.