El Gobierno de México anunció ayer que reclamará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la vigilancia policial a su embajada en Bolivia, tras haber denunciado “hostigamiento y amedrentamiento” en la sede.
“¿Qué planteamos? Que se respete y preserve la integridad de las instalaciones y quienes están dentro de las instalaciones, que son parte del territorio mexicano. Exhortamos a que sean respetadas [...]”, manifestó durante una rueda de prensa el canciller , Marcelo Ebrard.
“Estamos estableciendo conexión con toda la comunidad porque ni en los peores momentos de los golpes militares de los 70 y 80 [en América Latina] se puso en riesgo la integridad de las instalaciones”, agregó.
Ebrard dijo que el gobierno espera que la CIJ abra en el corto plazo el proceso correspondiente tras el reclamo. “Esperamos que pueda ser así, dada la emergencia que estamos enfrentando y que la comunidad internacional se vaya pronunciando a partir del día de hoy”, dijo.
El miércoles, México exigió de nuevo a Bolivia que cesara “la política de hostigamiento y amedrentamiento” que, asegura, viene ejerciendo contra su sede diplomática en La Paz. México ya había denunciado el lunes como “excesiva” la presencia de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos, a lo que La Paz respondió asegurando que existen amenazas “creíbles” de ataques contra la sede por parte de movimientos sociales e indígenas.
En la embajada mexicana se encuentran asiladas varias personas cercanas al expresidente Evo Morales, que se guarecieron tras su renuncia, el 11 de noviembre pasado, y en medio de fuertes disturbios en el país que provocaron 36 muertos.
Sobre algunos de ellos pesan órdenes de captura, pero la embajada se ha negado a entregarlos, mientras que La Paz rechaza darles salvoconductos para salir del país.
El subsecretario para América Latina de la cancillería mexicana, Maximiliano Reyes, sugirió a Bolivia un encuentro con su canciller, Karen Longaric, en un tercer país para abordar el problema.
