La Fiscalía General de México admitió tramitar una asistencia judicial solicitada por el procurador de la Administración, Rigoberto González, como parte de la investigación que adelanta por el viaje de tres miembros de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) a ese país.
Dicho periplo podría estar relacionado con un contrato adjudicado por la CSS el 7 de abril pasado –y cuatro días después suspendido– para el almacenamiento y distribución de medicinas.
Fuentes de la Procuraduría de la Administración confirmaron que esta recibió una nota de la fiscalía mexicana, en la que se informó sobre el trámite de la petición de González para investigar la actuación de los directivos y la manera como se gestionó el viaje.
González también recibió un informe de la junta directiva de la CSS sobre la participación de los directivos en el viaje que, según el documento, fue pagado por autoridades mexicanas.
La investigación se inició el 22 de junio de 2020 a partir de una publicación de La Prensa sobre el viaje de los tres directivos.
El citado contrato fue otorgado por $168 millones al Consorcio Salud y Control, conformado por la empresa mexicana Intercontinental de Medicamentos, S.A. de CV, y por la panameña PMG Logistic Corp.
La primera empresa es investigada en México por contratos irregulares.
