La imagen de Nicaragua de país seguro, con un clima favorable para la inversión extranjera y una economía en crecimiento, se desdibujó en dos meses de protestas antigubernamentales que exigen la salida del presidente Daniel Ortega, quien ha respondido con una fuerte represión contra sus opositores.
La Nicaragua, que parecía abandonar su condición de país más pobre de Centroamérica, comenzó a derrumbarse el pasado 18 de abril, cuando estudiantes tomaron las calles para protestar por una fallida reforma al seguro social.
La represión por parte de las fuerzas del orden y las acciones armadas de las que se acusa a grupos progubernamentales extendieron las protestas a otros sectores de la población, que salieron a manifestarse contra Ortega, de 72 años, señalado también de corrupción y nepotismo.
El acuerdo logrado el viernes con la oposición, en un segundo intento de diálogo desde que se desataron las protestas y gracias al cual el Gobierno aceptó invitar a organismos de derechos humanos al país, es “positivo”, según opositores, aunque prevalece la desconfianza.
La solución a la crisis “la veo muy confusa, muy improbable”, dijo sin embargo el escritor Sergio Ramírez. “Escucho poca voluntad del Gobierno en el diálogo a reconocer o por lo menos hacer un acto de contrición de los crímenes y buscar solución”. Con ese acuerdo “Ortega tuvo que retroceder, por lo menos en el papel. El peligro no ha pasado, él nunca cumple” y la prueba son los ataques a barrios de la capital el sábado, dijo la dirigente del opositor Frente Amplio por la Democracia, Violeta Granera.
Ortega, en el poder desde 2007 junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, es acusado de haber copado todos los poderes del Estado y de utilizar su control sobre los tribunales de justicia para anular a la oposición. Las calles de Managua y otras ciudades están bloqueadas con adoquines, árboles talados, vallas o lo que sirva para impedir el paso a las camionetas de antimotines, fuerzas paramilitares y grupos afines al Gobierno.
Por las noches las balaceras, la detonación de morteros y el repique de campanas en las iglesias son avisos de ataques de esos grupos, de acuerdo con testimonios, ante cuyo accionar ciudades como Masaya, han cerrado todos sus accesos para intentar frenar las muertes, los saqueos e incendios de comercios. La economía, que crecía entre 4.5% y 5% anual los últimos años, proyecta pérdidas de $800 millones y de unos 90 mil empleos para 2018.
