La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda que pide que se declare inconstitucional un artículo del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, que faculta a los diputados a citar a particulares ante este órgano del Estado.
La demanda contra el artículo 49 de la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984 o Reglamento Interno del Legislativo, fue presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz.
Ese artículo señala que cualquier comisión permanente de investigación de los diputados podrá “emplazar a toda persona, natural o al representante legal de una persona jurídica, para que rinda declaraciones verbales o escritas, que podrán exigirse bajo juramento, sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la Comisión adelante”.
A juicio de Ruiz Díaz, la Asamblea excede sus funciones, pues la Constitucional no le otorga a sus miembros facultad alguna para citar a particulares, a menos que sea por funciones judiciales. Bajo este óptica, si se quiere pedir cuentas a un contratista estatal, debería ser a través de la entidad contratante.
En su demanda, Ruiz Díaz cita el artículo 161 de la Constitución, numeral 9, que enumera a quiénes puede citar la Asamblea en funciones administrativas.
En septiembre de 2020, la Asamblea, a través de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, citó a un representante de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) para responder un cuestionario sobre la accidentada construcción de la Ciudad de la Salud, un contrato firmado en 2012 con la Caja de Seguro Social.
Ese encuentro, al que asistió al abogado de la empresa Isaac Figueroa, terminó en una accidentada reunión de dimes y diretes entre los diputados y el representante de FCC. Ese mismo año, pero en octubre, la Comisión consideró que la empresa debía ser inhabilitada “por el Estado panameño durante el tiempo que dictamine o considere”, de acuerdo a lo que establece la legislación.
Ello generó un debate de si podía o no la Asamblea Nacional citar a particulares. Sin embargo, en base a su Reglamento Interno, la Asamblea sigue citando a particulares.
En marzo pasado, la Comisión de Infraestructura, que preside Kayra Harding, anunció la citación de representantes de Nacional de Seguros, empresa encargada de la construcción del Centro Básico General Miguel Alba, en Soná, Veraguas, proyecto a cargo del Ministerio de Educación desde 2015.
