La condena de Odebrecht, a pagar 252 millones de dólares de multa, y la inhabilitación para contratar con el Estado colombiano por 10 años, contrasta con la multa de 212 millones de dólares acordada en Panamá, y que excluye la inhabilitación. Lo fundamental de comparar ambas situaciones es entender que los dos países emprendieron estrategias muy distintas para perseguir el soborno transnacional, los peculados y el blanqueo de capitales impulsados por la empresa Odebrecht: Colombia no hizo acuerdos de colaboración, mientras que Panamá sí los hizo, concentrando la investigación en la información aportada por los colaboradores. Colombia está haciendo múltiples investigaciones puras y duras, sin contar con los colaboradores de la empresa.
El derecho penal castiga los delitos cometidos por personas naturales. En todo el Código Penal panameño, hay un solo artículo, el 51, que establece sanciones a las personas jurídicas. Ese artículo permite cobrarle una multa a Odebrecht por el doble de los sobornos, y a la vez inhabilitarla por cinco años de contratar con el Estado. El Ministerio Público nunca pidió esa inhabilitación, presumiblemente por el interés del Gobierno Nacional de “proteger” los empleos y asegurar que se terminaran las obras.
Además, en Panamá se les dio 12 años para pagar la multa, mientras que en Colombia se ordenó la confiscación de sus bienes, cuentas bancarias y otros recursos económicos. Sus socios locales son responsables solidarios por el pago de esta sanción. Presumiblemente, el Estado colombiano podría demandar civilmente en Brasil para buscar otros fondos, si los que hay en Colombia no alcanzan.
La obra que Odebrecht construía en Colombia, La Ruta del Sol, es el proyecto de infraestructura pública más grande de ese país. Las autoridades colombianas no se intimidaron por los empleos en riesgo o por la necesidad de terminar la obra. Los dineros que se recuperen serán precisamente para cumplir con el proyecto.Panamá sigue en mora con la reforma de la ley de contrataciones públicas y con el fortalecimiento del régimen de lucha contra la corrupción. Esto no solo ha beneficiado a Odebrecht, sino también a las empresas del caso Blue Apple, las que han obtenido nuevos contratos con el Estado.
El autor es abogado
