La violencia de género es una conducta seriamente castigada en la jurisdicción panameña.
Aunque se presume la inocencia del diputado Jairo Salazar en la supuesta agresión física y verbal contra su colega Kayra Harding, esto implica serias consecuencias.
El Reglamento Interno de la Asamblea Nacional establece, en su artículo 50, numeral 4, que la Comisión de Credenciales, Ética Parlamentaria y Asuntos Jurídicos debe investigar los hechos graves que ocurran en el parlamento. Sin embargo, el artículo 51 excluye aquellas conductas que puedan ser calificadas como delitos de esta jurisdicción.
La responsabilidad principal de esta causa le compete a la Corte Suprema de Justicia. Aquí se cruzan tanto el Código Procesal Penal como la Ley 82 de 2013 sobre violencia de género, cuyo artículo 52 autoriza a conceder medidas de protección con la sola presentación de la denuncia. La Corte debe decidir en pleno si se admite la denuncia y, en caso afirmativo, asignará a un magistrado fiscal y un magistrado juez de garantías. Quizás, el más importante obstáculo en esta etapa sea la ponderación que haga el pleno de la Corte sobre la existencia o no de prueba idónea que fundamente el caso.
Las consecuencias de la presunta agresión no se limitan a la jurisdicción penal. Según el estatuto del Partido Revolucionario Democrático, existe la posibilidad de aplicar sanciones políticas por este tipo de conducta. Sin embargo, según el literal “K” del artículo 23, le corresponde al Directorio del PRD solicitar la investigación al fiscal del partido. El Directorio está compuesto por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y mas de 300 miembros elegidos por el Congreso Nacional. En el improbable caso que esto sucediera, le corresponde al fiscal del partido hacer la investigación para presentarla al Tribunal Nacional de Disciplina. La sanción pudiera llegar a ser hasta la revocatoria de mandato y la pérdida de la curul.
Cualquiera sea el destino procesal y político de este caso, se establecerá un precedente histórico.
