Los diputados de las comisiones de Gobierno y de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional solicitaron al pleno legislativo que rechace el veto que dio el presidente Laurentino Nito Cortizo al proyecto de ley 73, que crea seis nuevos corregimientos en la comarca Ngäbe Buglé.
La iniciativa legislativa, presentada por el diputado de Cambio Democrático Leopoldo Archibold, ya está en la agenda del pleno y ahora los 71 diputados deben decidir si lo aprueban por insistencia, o no.
Cortizo vetó el proyecto alegando que es “inconveniente e inexequible”, pues no cumple con “requisitos esenciales”.
Sin embargo, ambas comisiones piden a a sus colegas rechazar esa decisión. La comisión de Asuntos Indígenas, que preside la perredista Petita Ayarza, alegó en un informe que “existen antecedentes” de proyectos de ley que, en el momento de ser tratados por la Asamblea, “no contaban con la totalidad de los informes y demás requisitos, pero aun así fueron aprobados... y sancionados por el señor Presidente de la República”.
Diputados insisten en crear seis nuevos corregimientos
Un nuevo capítulo surge por estos días en la controversia por la creación de nuevos corregimientos en el país.
Esta vez, el protagonismo lo concentra la Asamblea Nacional, pues dos comisiones de trabajo de este órgano no están de acuerdo con la posición del presidente Laurentino Nito Cortizo de vetar por “inconveniente e inexequible” el proyecto de ley 73, que crea seis nuevos corregimientos en la comarca Ngäbe Buglé.
La semana pasada, las comisiones de Gobierno y de Asuntos Indígenas examinaron por separado el veto presidencial a la propuesta y concluyeron que en el proyecto de ley 73 “no hay rasgos de inconstitucionalidad, ni inconveniencias”, como señaló el Ejecutivo.
Por ello, los diputados de ambas instancias solicitaron al pleno en un informe “rechazar” la objeción de Cortizo y aprobar por “insistencia” el proyecto de ley 73, impulsado por el diputado de Cambio Democrático (CD) Leopoldo Archibold.
Con ello, se le daría vida a los corregimientos de Trinchera Comarcal, Canoa, Beri, Daira, Vegay y Bucori.
Cortizo alegó que el proyecto de Archibold es inconveniente e inexequible porque no cumple con “requisitos esenciales” y viola artículos de la Constitución.
Advirtió, además, que no cumplió con la Ley 10 de 1997, que crea la comarca Ngäbe Buglé; ni con la Ley 65 de 2015 sobre organización territorial del Estado; ni con la Ley 37 de 2016, que regula el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas; ni tampoco con un reporte económico y financiero elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El veto al proyecto de ley 73 revolvió los ánimos en el Legislativo, pues diputados de CD advierten que no se descarta que la posición de Cortizo tenga matices políticos a la luz de la siguiente pregunta: ¿por qué no objetó los 11 corregimientos en Bocas del Toro que impulsó su copartidario Benicio Robinson y, en cambio, rechazó el de Archibold?
Informes de comisiones
Todos los aspectos planteados por Cortizo fueron rebatidos en las mencionadas comisiones. La de Asuntos Indígenas, que preside la diputada perredista Petita Ayarza y de la que Archibold forma parte, aseguró que el proyecto de ley sí cuenta con todos los informes y con las consultas ciudadanas necesarias. Asimismo, indicó que existen notas y resoluciones de apoyo a la iniciativa, y resaltó las firmas de Rodríguez Lorenzo, del Congreso Regional Ñokribo; Liborio Miranda Ábrego, secretario del Congreso General Ngäbe; así como de e campesinos del área.
También hizo referencia a las firmas de Demesio Cases, presidente del Congreso General Ngäbe, entre otras autoridades. “Así pues, con todo esto, se desvanece el argumento de falta de consulta y aprobación por parte de las autoridades comarcales, como de la población afectada por esta nueva división política”, dice el documento.
El informe de dicha comisión fue avalado por cinco de los nueve diputados integrantes: Ayarza, Benicio Robinson, Bernardino González, Abel Béker y Adán Bejarano.
Por su lado, los diputados de la Comisión de Gobierno, que preside el perredista Crispiano Adames, y a quienes les correspondió analizar la inexequibilidad del proyecto, señalaron que la propuesta no transgrede los artículos 5, 163 y 277 de la Constitución.
Sobre el artículo 277, argumentaron que, “si bien la creación de una nueva división político administrativa implica una asignación presupuestaria, la propia norma constitucional permite la creación de las mismas, contemplando normas dentro de este tipo de iniciativas que establezcan las previsiones presupuestarias necesarias para su cumplimiento”.
Además de Adames, el informe de la comisión fue avalado por Roberto Ábrego, Zulay Rodríguez, Corina Cano, Benicio Robinson, Marylín Vallarino y Juan Diego Vásquez.
Según información oficial, la operación de un nuevo corregimiento le cuesta al Estado por lo menos $370 mil por año, dependiendo de la estructura del mismo.
