Estados Unidos sancionó a una entidad financiera de Nicaragua y a dos altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, incrementando la presión sobre Managua por presunta corrupción y deterioro de las instituciones democráticas.
El Departamento del Tesoro informó que sumó a la Lista Clinton a la cooperativa de ahorro y crédito Caruna, así como a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido, y al secretario de la presidencia, Paul Herbert Oquist.
La medida supone el bloqueo de sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos y la prohibición de toda transacción financiera con individuos y entidades estadounidenses.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo que esto “promueve la rendición de cuentas del régimen de Ortega y de quienes intentan impulsar sus atroces actividades” y “cierra otra herramienta del régimen.”
“Estados Unidos seguirá dando los pasos necesarios para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega para que cese la represión, respete los derechos humanos y permita las condiciones para unas elecciones libres y justas que devuelvan la democracia a Nicaragua”, señaló en un comunicado.
El gobierno estadounidense advirtió la semana pasada que Ortega enfrentaría una “masiva presión” si no garantiza elecciones libres el año próximo, subrayando que mantener la situación actual “no es una opción.”
Las medidas de Washington tienen lugar después de que el Parlamento Europeo aprobara el jueves por abrumadora mayoría (609 a 694) una resolución que amenaza con nuevas sanciones a personas y entidades vinculadas al gobierno de Nicaragua si se aprueban tres proyectos de ley impulsados por el gobierno de Ortega, los cuales consideró “inconstitucionales” y restrictivos de las libertades individuales.
El texto señala que “si se aprueban la ley de regulación de agentes extranjeros, la ley especial de ciberdelitos y la ley contra los delitos de odio”, y “si el gobierno de Nicaragua continúa mostrando falta de voluntad para iniciar un diálogo nacional para una adecuada reforma electoral, y sigue la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, solicita al Consejo que amplíe rápidamente la lista de personas y entidades a ser sancionadas, incluidos el presidente y la vicepresidente” y primera dama, Rosario Murillo.
La decisión fue celebrada por la oposición en Nicaragua.
Nicaragua está sumida en una crisis política luego de masivas protestas antigubernamentales en 2018 que derivaron en pedidos de elecciones anticipadas, y cuya represión por parte del gobierno dejó al menos 328 muertos, según grupos de derechos humanos.
Managua sostiene que la ola de manifestaciones fue un intento de golpe orquestado por Washington.
