La jueza de garantías Yanelka Quijano impuso ayer medidas cautelares de impedimento de salida del país y de notificación los 30 de cada mes al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Rolando López.
Quijano tomó dicha decisión tras admitir una solicitud de imputación por la presunta comisión del delito de tráfico de armas formulada por el fiscal contra la delincuencia organizada Emeldo Márquez.
La jueza acogió la petición de imputación, luego de que Márquez presentó evidencias que presuntamente vinculan a López con la introducción al país de un lote de armas por parte de estamentos de seguridad del Estado, algunas de las cuales, empero, fueron ubicadas en manos de particulares y exoficiales de la Policía Nacional, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
Ángel Álvarez, abogado de López, rechazó los cargos y aseguró que las armas ubicadas a su cliente tienen los permisos correspondientes.
En una sesión que se inició a las 9:00 a.m. y se prolongó hasta las 5:35 p.m., Quijano atendió dos audiencias de afectación de derechos solicitadas por Álvarez debido a supuestas violaciones de las garantías constitucionales de su cliente; una audiencia de imputación y otra de medidas cautelares.
La jueza admitió uno de los alegatos de Álvarez sobre la violación de derechos a su cliente, relacionada con el ingreso de la Policía a la residencia de este, en Río de Jesús, Veraguas; y rechazó otro, inherente a la filtración de fotos de dicha diligencia a medios de comunicación. Sobre esto último, el fiscal afirmó que dichas filtraciones no las hizo su despacho, sino los estamentos de seguridad.
Por este caso, la fiscalía ha imputado cargos a ocho personas, entre ellas, el exdirector de la Policía Omar Pinzón; el exjefe del Senan Belsio González; el exdirector del Senafront Frank Ábrego y a varios particulares.
