Cataluña se enfrenta a la encrucijada de formar gobierno, tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, en un escenario irracional dentro de la lógica política, con ocho diputados del bloque independentista que o están en la cárcel o están huidos en Bruselas, Bélgica. Su ausencia provoca estragos en las negociaciones parlamentarias.
Los resultados de las urnas vislumbraron un triunfo amargo del partido Ciudadanos, con Inés Arrimadas al frente, que sumó 37 escaños sin lograr quebrar a los separatistas, que precisaban 68 escaños para mantener su mayoría absoluta y alcanzaron dos más (70).
Pero la vocación de unidad homogénea de estos últimos está en entredicho y, por tanto, también su capacidad de gobierno.
Los independentistas no son un bloque compacto. No comparten un programa político claro y dudan en lo esencial: aceptar la imposición de la Ley 155 o repetir la rebeldía y aducir que la separación de España no ha sido imposible por la cerrazón de la política nacional.
Su primera prueba de fuego será la conformación de la Mesa del Parlamento. El proceso político culminará el próximo 17 de enero, cuando será constituida la cámara de legislación autonómica.
Conforme a los resultados electorales, los siete representantes de partidos quedarán repartidos así: dos miembros para Ciudadanos, dos para JxCAT, el partido de Carles Puigdemont, dos para Esquerra Republicana Cataluña (ERC), y uno para los socialistas. Quedarían fuera Catalunya en Comú-Podem (CPodem), la CUP y el Partido Popular, el gran perdedor de las votaciones.
Si bien la coalición JxCAT, ERC y la CUP obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento con el 48% de los votos, la brecha interna parece al momento irresoluble.
Los debates giran en torno a la descabellada suposición de que Puigdemont, que con 34 escaños es el candidato más votado entre los independentistas, pueda asumir la Presidencia de la Generalitat sin que sea detenido por la justicia española o peor aún, que sea investido a distancia, de forma telemática.
Para el experto en ciencias políticas David Redoli, el principal escollo del entendimiento es precisamente la elección de quién debe ser investido como presidente del gobierno de Cataluña.
“JxCAT ha dejado claro que solo existe un plan: restituir al presidente Carles Puigdemont al frente de la Generalitat. Esto complica mucho las negociaciones entre los independentistas, ya que ERC cree que eso es imposible con Puigdemont fugado en Bruselas y perseguido por la justicia española. ERC quiere a Oriol Junqueras como presidente, que actualmente está en la cárcel”, detalla.
El enfrentamiento en el bloque separatista se evidenció todavía más este jueves. Ningún representante de la lista de Puigdemont ni del PDeCAT ni de la CUP participó en la concentración frente al Tribunal Supremo en apoyo a Junqueras cuando tuvo lugar la vista oral que debía resolver sobre su permanencia en la cárcel.
Los magistrados del Tribunal Supremo decidieron finalmente mantener en prisión al líder de ERC al considerar que no abandonará la vía unilateral.
Y aunque Puigdemont criticó con ahínco la decisión judicial desde Bruselas, a nadie se le escapa que en cierta manera esta situación le beneficia.
Mientras tanto, la economía de la región resiste como puede los embistes de la situación política, que se debate entre el unilateralismo independentista y el respeto a la ley. Los datos no son muy esperanzadores.
Solo en octubre, el mes en que tuvo lugar el referéndum sobre la independencia, solicitaron el cambio de domicilio de Cataluña 3 mil 208 sociedades, según datos del Colegio de Registradores de España.
Las afiliaciones a la seguridad social, uno de los indicadores económicos más relevantes, también evolucionaron de manera negativa.
En el mes de diciembre, la comunidad autónoma creó 148 puestos de trabajo, que equivalen a los mismos que fueron generados en Teruel, una ciudad con tan solo 35 mil 564 habitantes. Además, mientras en España la llegada de turistas extranjeros subió un 7.4% el pasado mes de noviembre, en Cataluña cayó un 2.3%.
Mantienen en prisión a exvicepresidente
El Tribunal Supremo español decidió ayer mantener en prisión al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. En prisión preventiva desde hace dos meses en el marco de una investigación por rebelión y sedición, Junqueras reclamó sin suerte ser liberado para poder ejercer como diputado del nuevo parlamento regional que debe constituirse el próximo 17 de enero.
Sin embargo, la sala de apelación del Tribunal Supremo coincidió con el juez instructor del caso, Pablo Llarena, en mantener en prisión al exvicepresidente catalán por el riesgo de reiteración delictiva.
“No hay ningún dato que permita entender que Junqueras va a abandonar la idea de proclamación unilateral de la independencia”, señaló el tribunal en un comunicado.
El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, aseguró en una nota enviada a los medios que se trata de una “resolución muy dura” en la que “se declara culpable a alguien en un procedimiento que no ha comenzado”. Además, acusa a los magistrados de “forzar la realidad creando una realidad alternativa en la que Oriol Junqueras sería una persona agresiva, instigadora de la violencia para neutralizar un adversario político”.
