En pocos días, la Ley 6 del 22 de enero de 2002 cumplirá su mayoría de edad, enfrentando lo que posiblemente es el mayor desafío de su corta historia.
La ley de Transparencia y Acceso a la Información fue aprobada en medio de las primeras escaramusas del caso Cemis, relativo al supuesto pago de sobornos para la aprobación en 2002, en la Asamblea Nacional, del contrato ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), proyecto que se haría en la provincia de Colón.
La misma presidenta que firmó la ley, Mireya Moscoso, rubricó posteriormente el Decreto Ejecutivo 124 de 2002, que reglamentó la Ley de Transparencia y la hizo trizas.
Por fortuna, el entonces defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, demandó la ilegalidad del decreto y el expresidente Martín Torrijos lo derogó.
En la reforma constitucional de 2004, los artículos 43 y 44 constitucionalizaron el derecho al acceso a la información pública y el Habeas Data.
Esta semana, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) anunció un periodo de consulta pública de cuatro meses para recibir propuestas de modificación de la Ley 6 del 2002, y de la ley de la propia Antai. El mecanismo divulgado y la descripción del proceso de reforma levantan sospechas.
Después de todo, la identidad de los tenedores de libretas de billetes y chances de la lotería, el exagerado salario de algunos funcionarios de gobierno, y la divulgación de las partidas para jamones y regalos de los diputados han sido escándalos molestos para el actual gobierno, y que habrían pasado desapercibidos sin la existencia de la Ley de Transparencia.
El riesgo mayor es que la Asamblea Nacional tenga la oportunidad de meterle el diente a la Ley de Transparencia y la desmejore sustancialmente. Esta posibilidad reclama una mayor vigilancia por parte de la ciudadanía.
A pesar de este riesgo, hay que reconocer que la Ley de Transparencia requiere ser fortalecida y actualizada en materias tales como las redes sociales, el abuso de la restricción de información pública, la mora en responder solicitudes de información y el desacato a los Habeas Data.
Por casi dos décadas esta ley ha sido uno de los pocos escudos de la ciudadanía contra la impunidad y la corrupción que vienen de la mano de la opacidad. Los panameños debemos procurar que la transparencia y el acceso a la información, hayan llegado para quedarse.
