Tres magistradas de la Corte Suprema de Justicia objetaron la decisión de la mayoría de ese corporación de justicia de cambiar la detención preventiva al exdirector de Administración de Proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Jorge Churro Ruiz y concederle medidas de notificación tres veces por semana e impedimento de salida del país.
Las magistradas Ángela Russo, Maribel Cornejo y María Eugenia López salvaron sus votos en el fallo del pasado 15 de julio, con el que el pleno cambió la medida cautelar.
Bajo la ponencia del magistrado José Ayú Prado, el pleno le sustituyó la medida de detención a Ruiz, como parte de la investigación que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de peculado y corrupción a través del proyecto para la preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá adjudicado a Odebrecht.
En su salvamento de voto, Cornejo sostuvo que el análisis del habeas corpus por parte del pleno debe circunscribirse a verificar si la detención fue emitida por autoridad competente, dentro de los casos y formalidades constitucionales, y no convertir dicha acción en un mecanismo que busque únicamente adquirir un cambio de medida cautelar.
Planteó que si bien el pleno de la Corte ha modificado la medida de detención preventiva en otros habeas corpus, estas decisiones han tenido sustento en situaciones excepcionales.
A su vez, la magistrada María Eugenia López estimó que si bien la Corte tiene la facultad de sustituir el arresto por una medida menos severa, dicha decisión requiere de un análisis amplio de la situación del reo.
Precisó que hay elementos de vinculación contra Ruiz en los delitos de peculado y corrupción de funcionario en perjuicio del MOP y que no observa elemento alguno para sustituir el arresto.
En tanto, la magistrada Ángela Russo planteó que la medida de detención emitida por la fiscalía contra Ruiz cumple con los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, y que se encuentra motivada jurídicamente, de manera congruente, clara y precisa.
El proyecto tenía un costo de $255 millones, pero según la fiscalía tuvo un sobreprecio de $51 millones.
En el expediente, se citan declaraciones de funcionarios del MOP, quienes certificaron que los pliegos de cargos de los proyectos, que incluían el Patrimonio Histórico y todo el paquete de reordenamiento vial de la ciudad de Panamá, fueron llevados a la institución en USB para ser adaptados al formato usado por el MOP.
Ruiz permanece detenido por el caso de la construcción de la fase II del Corredor Vía Brasil.