Grupos armados de Colombia y Venezuela ejercen un “control social feroz” en ambos lados de una zona fronteriza, a la altura de Arauca y Apure, con la “connivencia” de autoridades venezolanas, dijo ayer Human Rights Watch (HRW).
Durante la presentación del informe Los guerrilleros son la policía, el director para las Américas de la oenegé, José Miguel Vivanco, denunció las operaciones que llevan a cabo guerrilleros del ELN, disidentes de las FARC y las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), un grupo venezolano de ideología chavista.
Todos “tienen la fuerza y la capacidad para imponer su ley” y someter a la población a homicidio, tortura, extorsión, secuestro, reclutamiento de menores, abuso sexual y trabajo forzado, agregó Vivanco.
De acuerdo con la investigación, tanto los rebeldes del ELN, como los disidentes de la que fue la guerrilla más poderosa de América “se mueven con total facilidad, mantienen campamentos en Apure y usan a Venezuela como su retaguardia”.
Según el jefe de HRW, el grupo armado FPLN está concentrado en Apure.
Aunque se desconoce su tamaño y poder de fuego, HRW asegura que esa organización cuenta en sus filas con exmiembros de los llamados “colectivos” –grupos que la oposición considera un brazo armado del chavismo– y que “trabaja en colaboración con autoridades y fuerzas de seguridad locales”.
La oenegé, que no habló de alianzas entre las tres fuerzas, documentó casos de trabajo forzado como castigo. Las víctimas son llevadas a campamentos en Venezuela para luego obligarlos a desempeñar tareas agrícolas o de alimentación a los combatientes.
Los migrantes salen “de una dictadura violenta” y terminan en “una situación de extremo riesgo” en Colombia, afirmó Vivanco.
