La aplicación de un nuevo decreto que aumenta los costos de los trámites a los extranjeros que buscan regularizar su estatus migratorio, ha dejado en incertidumbre a miles de personas con prácticamente solo dos salidas: mantenerse en el país de manera irregular y exponerse a sanciones o marcharse de Panamá.
Así lo advirtieron el presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá (Arena), Rafael Rodríguez, y el vocero del Movimiento de Abogados Migratorios, David Rivera.
El aumento
El pasado 15 de septiembre, el Servicio Nacional de Migración publicó el Decreto Ejecutivo 235, firmado por el presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, el cual aumentó el costo del trámite de residencia permanente.
En el Decreto Ejecutivo 249 de 10 de junio de 2019, este trámite costaba entre $512 y $1,017, pero ahora subió a $1,850.
Ello es así, si se toma en cuenta que el Decreto Ejecutivo 235 incluyó, dentro del trámite, los costos por servicios migratorios ($750), el pago al Tesoro Nacional ($250) y el depósito de repatriación ($800), así como los $50 del carné en trámite.
Para Rodríguez, este aumento es “exagerado”, pues a estos costos hay que sumar el pago de abogados. Ello, sin tener en cuenta los permisos sanitarios y laborales, entre otros.
Rodríguez dijo que el Ejecutivo debería reconsiderar esta posición, porque en Panamá, el grueso de los extranjeros no son trabajadores de multinacionales ni empresarios, sino empleadas domésticas, repartidores de alimentos y personal que labora en el sector servicios.
Esta situación, dijo, ha presionado a los extranjeros, muchos de los cuales han decidido regresar a sus países, como Nicaragua o Venezuela, o, incluso, ir a México, para trata de cruzar a Estados Unidos por la frontera.
Explicó que han hecho varios intentos por reunirse con la directora de Migración, Samira Gozaine, para explicarle su situación, pero que solo han conversado con los asistentes.
El pasado 28 de noviembre, Arena y un grupo de extranjeros de diferentes nacionalidades hicieron una protesta pacífica en los predios de la Presidencia de la República, en busca de encontrar una solución.
Ese día, dejaron una nota al presidente Cortizo, explicando la posición del grupo y cómo el aumento estaría afectando a unos 70 mil extranjeros en Panamá.
Por su parte, Rivera señaló que el Ejecutivo, sin considerar la situación generada por la pandemia, ha decido empujar a los migrantes a la informalidad, lo cual afecta también a los abogados que hacían estos trámites.
“Muchos extranjeros han optado por no sacar los papeles, lo cual puede ser peligroso para la propia seguridad del país”, señaló.
